Cristina asegura que durante el último encuentro con Sheinbaum Pardo no les informaron de esas 20 bolsas halladas en Iguala; tampoco habían escuchado algo sobre el río San Joaquín.
Escribe: Emiliano Tizapa Lucena
Foto: Óscar Guerrero
Tixtla, Guerrero, 25 de septiembre de 2026.- A menos de 500 metros de la entrada principal de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, en calle De las Flores, vive Cristina Bautista Salvador, mamá de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Es la mañana del 4 de septiembre. Cristina abre la puerta e invita afablemente a pasar. Adentro, en una pequeña estufa sobre una mesa metálica, prepara un chocolate con manteca; cuenta que le recomendaron tomarlo en ayunas por varios días para purgarse. Cristina padece malestares constantemente del estómago; a cada rato se enferma, dice.
Cristina vive en la planta de la casa, ahora hay un poco de desorden: cajas y bolsas sobre un gran comedor de madera; unas sillas y un refrigerador están amontonados, todo lo cubre una delgada capa de polvo provocada por los trabajos en la segunda planta. Se escucha el rugido de una cuchara de albañil raspando la pared; le siguen unos golpes provocados por un marro.
La casa no es de Cristina, la renta a un bajo costo desde hace cuatro años. Vive cerca de la normal rural porque dice que, a doce años de que su hijo fue desaparecido junto a sus compañeros, aún mantiene la esperanza de que un día vuelva.
“Quiero estar cerca por si de pronto nos dicen que llegaron los muchachos. No me fui desde el principio porque luego andaba el helicóptero por acá; yo recuerdo que en una ocasión dije: ‘Si no nos quieren entregar a nuestros hijos así, por lo menos que los suelten por ahí y los vamos a encontrar’. Yo tengo la esperanza de que un día llegue, que lo suelten por ahí en la carretera, que nos suelten a nuestros muchachos e ir a verlos rápido; por eso estoy aquí”.
El 29 de septiembre de 2014 cuando Cristina se enteró de los ataques contra los normalistas en Iguala; viajó desde Ahuacuotzingo, su municipio de origen, a la normal en Tixtla. Desde entonces no ha regresado del todo a su casa en Alpoyecancingo, en la Montaña de Guerrero. Retorna para ver a sus hijas y nietas, a su familia; también para sembrar, pero su prioridad es encontrar a Benjamín.
Todos los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos padecen dolencias o enfermedades; hasta la fecha siete fallecieron sin respuesta a esta preguntas esenciales: ¿dónde están?, ¿a dónde los llevaron?, ¿qué hicieron con ellos?
A Cristina le duelen las rodillas para caminar y el estómago, recalca, es lo que más le afecta. A casi doce años de no saber de Benjamín, Cristina dice que cada agosto comienza con dolores de cabeza y de ojos por no dormir.
“Empezando agosto no puedo dormir; en septiembre nos pega más porque no puedo dormir pensando: ‘Ya está cerca otro año más y sin saber nada, ¿cómo estarán nuestros muchachos? ¿Los tendrán haciendo trabajar o los tienen encerrados? O no sé, se pone uno a pensar mucho’”.
A pesar de la molestia de otros padres y madres, Cristina sostiene que preferiría saber si su hijo ya no está vivo: “Por lo menos que nos digan a dónde quedaron nuestros hijos. Un día, (el expresidente de la República) Enrique Peña Nieto, cuando ya estaba por salir (de su sexenio), le preguntaron de los muchachos y respondió: ‘Ya se murieron’. Quisiéramos saber si nuestros hijos ya no están. Es la tristeza más grande como madres y padres no saber dónde están; que nos digan para llevarles flores a nuestros muchachos y saber dónde quedaron, pero no tenemos nada”.
Este 9 de abril, Benjamín cumplió 31 años; su hermana menor, Mayrani, compró un pastel e invitó a todos los nietos y sobrinos de Cristina.
“Son muchos pequeños, comimos un pastel a nombre de Benjamín; claro que tristes, pero al ver a los chamaquitos todos felices, les enseñamos su foto, les dijimos que él no está, que lo estamos buscando y que un día va a llegar”.
Después de 12 años, por primera vez la familia de Benjamín volvió a celebrar una fiesta.
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El 6 de agosto, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, en las inmediaciones de la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendieron al exgobernador Ángel Aguirre Rivero acusado de los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.
Aguirre Rivero fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
El 11 y 12 de agosto, durante una audiencia de más de 13 horas, el juez federal Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso a Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, y otorgó un plazo de cuatro meses para las investigaciones complementarias.
De acuerdo con la acusación, la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ), Lambertina Galeana Marín, y la ex visitadora general del TSJ, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, señalaron al exmandatario de haber ordenado la destrucción de los videos de dos de las cámaras de videovigilancia del Palacio de Justicia del TSJ en Iguala, que habrían captado la detención de dos autobuses en los que viajaba un grupo de normalistas.
Galeana Marín y Estrada Ortega también están detenidas. Aguirre Rivero acusó a la última de “mitómana” y “delincuente” durante la audiencia y de tener vínculos con “El Patrón”, una figura enigmática que no ha sido identificada, aunque los familiares de los estudiantes han señalado que se trata del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
El último encuentro entre los familiares de los 43 y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ocurrió el 27 de agosto en Palacio Nacional.
–¿Qué opinan de la detención de Aguirre y qué les informaron al respecto?
–Como madres y padres vemos que es un avance, se está haciendo por fin justicia, porque son casi 12 años y él (Aguirre) andaba libre; aunque, en su momento, siempre se mencionó que como gobernador tenía la obligación de buscar a nuestros hijos, pero no lo hizo, al contrario, dejó el cargo. Si de verdad no tuvo nada que ver, hubiese detenido a esos policías que estuvieron operando esa noche, meterlos a la cárcel a todos para saber la verdad.
“A la presidenta le exigimos que no quede en libertad. Que debe ser castigado, permanecer en la cárcel y que hable: qué pasó con nuestros hijos. Le pedimos a la presidenta que presenten más pruebas y que no lo dejen en libertad. Porque si no, seguirá burlándose de nosotros y burlándose de la ley. La presidenta nos dijo que le va a pedir a la Fiscalía que presente más pruebas para que no salga”.
–¿Ustedes confían en que Aguirre aporte información del paradero de sus hijos?
–Eso es lo que queremos, que no se quede callado; queremos ir a verlo para que hable, que nos diga, no es justo que a 12 años que vamos a cumplir no sepamos nada de nuestros hijos. Decirlo es fácil, pero caminar, luchar, ha sido muy difícil. Es muy triste para nosotros.
–¿Ustedes también esperan que haya más detenciones, por ejemplo, la del ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera?
–Se le pidió a la presidenta que investigue más a fondo; de Iñaki Blanco claro que tiene que ver algo también y debe ser detenido, pero están buscando más información.
Cristina dice que en la reunión les explicaron que las autoridades siguen en la búsqueda de sus hijos, especialmente bajo nuevas líneas de investigación, una de ellas sobre las funerarias en Iguala que fungían como Servicio Médico Forense (Semefo).
La mañana del 31 de agosto, el periódico La Jornada publicó en su portada: “Dan giro al caso Ayotzinapa: 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino”. En ella, con nulo rigor periodístico, expone que la funeraria El Ángel es una nueva línea de investigación de la FGR, ya que hallaron 20 bolsas con “petrosas”, es decir, restos humanos sometidos a altas temperaturas, que habrían sido localizadas en el basurero de Cocula y en el río San Joaquín.
La nota asegura que en los anteriores sexenios no se tomó en cuenta esa línea y que “podría haber pervertido toda la investigación”.
En el fondo, la nota periodística refuerza la “verdad histórica” anunciada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el sexenio de Peña Nieto, que buscaba señalar que los jóvenes, tras ser detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y posteriormente incineraron en el basurero municipal de Cocula, para después arrojar sus restos al río San Juan de Cocula.
Según la investigación de la fiscalía, la funeraria San Ángel funcionaba como Semefo desde 2011 bajo una concesión con el gobierno de Aguirre y desde entonces contaba con tres hornos crematorios; uno de ellos operaba de forma clandestina y sin registro oficial.
La nueva indagatoria del gobierno de Sheinbaum Pardo se respalda en la declaración de dos testigos protegidos, los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, Gildardo López “El Gil” y Ernesto Ramírez “El Neto”, quienes aseguraron que la incineración de un grupo de normalistas se realizó en una funeraria habilitada como Semefo en Iguala.
Como parte de las nuevas pesquisas, a finales de 2025 agentes federales catearon el inmueble de la funeraria El Ángel en Iguala.
El empresario dueño de las funerarias Rueda, Rodolfo Rueda Sebastián, fue detenido el 9 de octubre de 2025 junto a su hijo, Rodolfo Rueda Mazón.
El 23 de junio de 2026, la exesposa de Rueda Sebastián, Violeta Mazón Barrera, y su hija, Helen Rueda Mazón, fueron detenidas en dos operativos distintos en Iguala. Ambas son identificadas como representantes legales de la funeraria Rueda y velatorios El Ángel.
Otros tres hombres fueron detenidos el mismo día: el coordinador del Semefo de Iguala en 2014, Julio César Valladares Baranda; el secretario de Salud de Iguala, Ben Yehuda Martínez Hernández y el actual director del Semefo en Guerrero, César Manuel Espinoza Suástegui.
El 30 de junio, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso a los siete detenidos por el delito de desaparición forzada relacionados al caso Ayotzinapa.
Cristina asegura que durante el último encuentro con Sheinbaum Pardo no les informaron de esas 20 bolsas halladas en Iguala; tampoco habían escuchado algo sobre el río San Joaquín.
“No sabemos de dónde sacaron la información, quién dio la información; desconocemos y quieren confundirnos, nos quieren lastimar como madres y padres, inventan cosas que no. No es la primera vez que hacen eso; recuerdo que un día sacaron un audio donde decían que a nuestros hijos se los llevaron para la Sierra y que con todo el autobús los enterraron. Les dijimos a los abogados que investigaran, pero mencionaron que no sube el autobús, es terracería, es una carretera angosta y no podía subir el autobús”.
Las madres y padres emitieron un comunicado en el que exigieron a La Jornada que no se burlara de ellos y que no confunda a la población con información inexacta.
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La construcción de una nueva narrativa sobre los hechos en Iguala no solo se ha desplegado desde los medios de comunicación; en julio de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 208VG/2026 en la que sostiene que no hay evidencia suficiente para atribuir responsabilidad al Ejército en la desaparición de los normalistas.
En el documento de 867 páginas, la CNDH afirma que no hay elementos sólidos para culpar de manera institucional al Ejército por la desaparición de los 43. Ante el descontento de las familias, abogados defensores y organizaciones sociales por el intento de exonerar al Ejército, la presidenta de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación una revisión profunda de dicha recomendación para emitir una postura oficial.
–¿Por qué mantienen la exigencia de los folios faltantes del Ejército?
–En su momento, Enrique Peña Nieto a lo mejor mandó ordenar que desaparecieran los documentos que hicieron esa noche. En lugar de que investigaran, no lo hicieron; fue una simulación que andaban buscando a nuestros hijos. Los expertos (del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) descubrieron que participaron (en su desaparición) la policía municipal, estatal, federal, y que dos agentes del Ejército manejaron el C4; sabían que los muchachos estudiantes se estaban organizando para tomar autobuses para ir a la conmemoración del 2 de octubre. Ya tenían planeado lo que iban a hacer con nuestros hijos; otra, en la normal sabían que no podían entrar en Iguala y así los mandaron, por eso pasó lo que pasó.
“Entonces, tuvieron conocimiento en todo momento desde que los estudiantes salieron de la normal de Ayotzinapa, toda esa noche… Hacen falta los 853 folios, seguramente ese día los sacaron. Como hizo Aguirre con los videos del Palacio de Justicia, que mandó a destruirlos, destruyeron toda la información”.
Cristina afirma que las mamás y los papás siguen buscando a sus hijos, los siguen extrañando: “A pesar de que ya vamos a cumplir doce años, un hijo no se olvida; a nuestros hijos siempre los tenemos presentes”.
Para costear sus traslados, su renta y su alimentación, Cristina se dedica a la venta de aretes coloridos elaborados con palma, de botellas decoradas y de mezcal.
A pesar de los malestares en el estómago, no claudica en su lucha por encontrar a Benjamín. Con dolor, mantiene nítida la alegría que les transmitió Benjamín el 15 de septiembre de 2014 a su hermana menor y a ella, esa última vez que comieron felices junto a él.
El material se publicó originalmente en Tlacolol, un medio independiente que se edita en Chilpancingo, Guerrero, se produce con el consentimiento del autor.
