Los escándalos del actual INE no deben ocultar la pregunta de fondo: ¿qué ocurrió con los contrapesos, los equilibrios y la cultura del acuerdo que México tardó décadas en construir?
Escribe: Jaime Cleofás Martínez Veloz
Fotografía: INE
La corrupción hace ruido. La democracia, cuando se erosiona, suele hacerlo en silencio.
Si hubo corrupción en el INE, antes o ahora, debe investigarse. Si existen responsabilidades, deben sancionarse sin excepciones, privilegios ni consideraciones partidistas.
Pero reducir la crisis actual a contratos, expedientes y funcionarios sería confundir el escándalo con el problema.
El problema de fondo es la gobernabilidad.
En 1996 era diputado federal del PRI en la LVI Legislatura. Había mayorías capaces de aprobar reformas, pero en materia electoral entendimos algo que hoy conviene recordar: tener los votos suficientes para decidir no significaba tener toda la razón.
Las reglas bajo las cuales competiríamos todos necesitaban algo más que una mayoría parlamentaria. Necesitaban legitimidad.
Por eso buscamos acuerdos.
No porque pensáramos igual. Precisamente porque pensábamos distinto.
No idealizo aquella época. Hubo confrontaciones, intereses partidistas, errores y desencuentros. Pero se fue construyendo una convicción que ayudó a transformar la vida democrática del país: las reglas electorales no podían pertenecer a quien circunstancialmente tuviera la mayoría. Tenían que pertenecer a todos.
Para eso sirven los contrapesos.
Una democracia no puede descansar únicamente en la buena voluntad de quien gobierna. Necesita instituciones capaces de limitar el poder, cualquiera que sea el partido que lo ejerza.
Casi tres décadas después, esa discusión vuelve a estar frente a nosotros.
No cuestiono los triunfos legítimamente obtenidos en las urnas en 2024. Mi preocupación comienza al observar la representación final.
Morena, PVEM y PT reunieron alrededor de 54.7 por ciento de la votación total emitida para diputados, mientras su representación conjunta terminó en 364 de las 500 curules, 72.8 por ciento de la Cámara. En el Senado, con aproximadamente 55.1 por ciento de la votación total emitida, alcanzaron 83 de los 128 escaños, alrededor de 64.8 por ciento.
La precisión jurídica es indispensable: esta comparación no demuestra por sí misma una violación constitucional. Los límites de sobrerrepresentación se calcularon conforme a los criterios legales aplicables y por partido, no considerando a la coalición como una sola unidad.
Pero reconocer eso no clausura la discusión. La coloca donde debe estar.
Una cosa es determinar si una fórmula resulta jurídicamente aplicable. Otra es preguntarnos qué efectos produce sobre la representación, los contrapesos y el equilibrio democrático.
Y plantearía exactamente la misma pregunta si los beneficiarios fueran otros partidos.
Los principios democráticos pierden sentido cuando sólo los invocamos contra nuestros adversarios.
Frente a una crisis institucional hay otra idea que considero fundamental:
Un dirigente está para entender, no para que lo entiendan.
Conducir una institución pública exige escuchar incluso aquello que incomoda. Significa distinguir el ataque político de la crítica legítima y, sobre todo, comprender que señalar errores del pasado no resuelve los problemas del presente.
Si hubo irregularidades en anteriores administraciones del INE, que se investiguen. Si las hay ahora, también.
Pero permanece una pregunta que ninguna explicación puede sustituir:
¿Dónde están los contrapesos?
Toda mayoría legítima tiene derecho a gobernar. Lo que ninguna elección concede es el derecho a comportarse como si quienes votaron distinto hubieran dejado de existir.
La noche de la elección hay ganadores y perdedores.
Al día siguiente, todos siguen siendo ciudadanos.
Ésa es la diferencia entre mayoría y gobernabilidad.
La mayoría permite decidir. La gobernabilidad permite convivir.
Los contrapesos no existen para impedir que gobierne quien ganó. Existen para garantizar que pueda hacerlo sin debilitar los derechos y la representación de quienes perdieron.
Hay una prueba sencilla para medir la solidez de nuestras convicciones democráticas:
¿Aceptaríamos las mismas reglas si mañana beneficiaran a nuestros adversarios?
Si la respuesta cambia dependiendo de quién ocupa el poder, no estamos defendiendo principios. Estamos defendiendo conveniencias.
Los escándalos del actual INE deben esclarecerse. Pero México cometería un error si el ruido de esos escándalos terminara ocultando la discusión verdaderamente trascendente.
La corrupción es un problema de legalidad. La pérdida de los equilibrios es un problema de gobernabilidad democrática.
En 1996 aprendimos que tener los votos para imponer una decisión no volvía innecesario el acuerdo. Por el contrario: cuanto más importantes eran las reglas, mayor debía ser la legitimidad que las sostuviera.
Las mayorías cambian. Los gobiernos terminan. Los funcionarios se van. Los partidos ganan y pierden elecciones.
El país permanece.
Por eso ninguna mayoría debería construir las instituciones como si fuera a gobernar para siempre.
Las reglas de todos no pueden pertenecer a una parte.
Casi treinta años después, la pregunta decisiva no es quién tiene hoy la mayoría.
Es qué hará con ella.
Porque la democracia no se prueba cuando falta fuerza para imponerse.
Se prueba cuando se tiene esa fuerza y, aun así, se acepta que el poder debe tener límites.
