Para justificar la detención de los estudiantes, el miércoles 8 de mayo, Aguirre Rivero acusó a los normalistas de robar combustible a los automovilistas que transitaban por la carretera Chilpancingo-Iguala, a la altura de Casa Verde.
Texto y fotografía: Kau Sirenio
Lo que se sabe de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es la represión. Durante años ha sido acosada por fuerzas del Estado y grupos civiles armados. El asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011, puso al descubierto que militares en activo encubiertos hacían trabajo para espiar a los normalistas.
La agresión contra los normalistas de aquella fecha no queda como un hecho aislado, sino como parte de una ofensiva sistemática. Desde ese ataque, han sido asesinados once alumnos, 43 desparecidos, 11 heridos en distintos ataques, 14 torturados, 50 detenidos en dos agresiones, y más de diez embestidas directas por parte de la extinta Policía Federal, la Marina Armada de México y del Ejército mexicano y el crimen organizado.
Paralelamente, en ese lapso también se desató una ofensiva de Estado en contra de líderes sociales aliados de los normalistas. Nueve dirigentes de organizaciones sociales fueron asesinados y cinco terminaron en la cárcel; todos ellos protestaron en contra del gobernador Ángel Aguirre por el asesinato de los estudiantes en la Autopista del Sol.
Después de los asesinatos de Alexis y Gabriel, la ofensiva gubernamental continuó. Veinticuatro días después de esta represión, políticos, empresarios, empleados y funcionarios del gobierno del estado salieron a la calle para marchar en apoyo al gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En esa manifestación, se de mandó el cierre de la Normal de Ayotzinapa, porque según simpatizantes del gobernador era «centro de concentración de terroristas».
Meses después, el 10 de noviembre de 2012, cuando se preparaba la movilización para conmemorar el quinto aniversario del desalojo de normalistas del congreso del estado, a manos de la policía estatal, la Policía Federal detuvo y torturó a cinco estudiantes.
Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina estaban en el punto de la carretera Chilpancingo-Iguala conocido como Casa Verde, promoviendo, junto con otros compañeros, la marcha que se llevaría a cabo el 14 de noviembre, cuando la Policía Federal les disparó y los detuvo.
A raíz de su activismo en contra de la reforma educativa, la tarde del 7 de mayo, también de 2013, sin justificación aparente, policías estatales detuvieron a 25 normalistas cuando éstos boteaban en el crucero Casa Verde.
Para justificar la detención de los estudiantes, el miércoles 8 de mayo, Aguirre Rivero acusó a los normalistas de robar combustible a los automovilistas que transitaban por esa vía.
Un día después, en una entrevista con la conductora de Televisa Adela Micha, el gobernador guerrerense dijo que los estudiantes tienen nexos con la guerrilla y que además reciben adoctrinamiento de grupos de tendencia radical, para generar rencor social.
La agresión contra organizaciones sociales vino el 30 de mayo de 2013, cuando el dirigente de la Unión Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y siete de sus compañeros fueron «secuestrados» en el Periférico de Iguala. Uno de ellos, Jimmy Castrejón, logró escapar. El 3 de junio, fueron encontrados los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román en la carretera federal México-Acapulco.
Lo normalistas denunciaron que a partir de 10 de noviembre, en Coyuca de Benítez, hombres armados asesinan al líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y a su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo. En esa ocasión, los normalistas señalaron: «En lo que va la administración de Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero se han asesinados a 13 personas ligadas a organizaciones sociales, siete de ellos son dirigentes: Eva Alarcón, Marcial Bautista, Juventina Villa, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis Olivares Enrique y la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011. Estos crímenes no encontraran justicia, porque Guerrero está cubierto con el manto de la impunidad».
Y agregaron: «Mediante asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, como la de Gonzalo Molina González, Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, s de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) de la casa de justicia de El Paraíso, Ayutla de los libres, se socavó la base social que apoyaba a la Normal de Ayotzinapa”.
El 7 de enero de 2014, un tráiler atropelló a Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit Huerta cerca de Atoyac cuando realizaban actividades políticas y colecta de dinero para sus prácticas y observación. El 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados en Iguala Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo por policía municipal de ese municipio, además de la desaparición forzada de 43 de normalistas.
El 4 de octubre de 2016, en presunto asalto a una urvan de la ruta Tixtla-Chilpancingo, hombres armados mataron a los normalistas Jonathan Morales y Filemón Tacuba Castro.
Conocí a varios militares en activo que ingresaron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Con el argumento de que son desertores, se presentaron como aspirantes de escasos recursos económicos. Lo cierto es que sí lo eran, porque provenían de las comunidades indígenas.
A la luz de estos hechos, se puede asegurar que el Estado mexicano planeó y ejecutó la desaparición de los 43 normalistas.
