De los dos mil hectáreas para la reforestación con la planta fotovoltaica, solo se reforestaron una hectárea y media, lo demás lo dejaron secar.
Ejido El Bajío, Caborca, Sonora. Archivo.
El ejido El Bajío cobró importancia después de que le ganó la batalla legal a la familia multimillonaria de los Bailleres quienes son dueños de la minera Penmont. Pero esta hazaña le costó cárcel y muerte a los ejidatarios.
Texto y fotografía: Kau Sirenio
En noviembre de 2023 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró al territorio del ejido El Bajío como área natural protegida dentro del programa de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), y con esto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también inició su trabajo en la recuperación de la biodiversidad del desierto.
Además la CFE firmó un acuerdo institucional para resarcir el impacto de la infraestructura fotovoltaica y garantizar la viabilidad comunitaria en el ejido El Bajío. La promesa estatal de una transición energética justa que incluía herramientas, mantenimiento y un soporte técnico nunca se concretó, porque todo quedó en total abandono.
La CFE recogió sus cables, apagó sus discursos sobre cambio climático y dejó a los ejidatarios solos con la reforestación: “Llevaban 50 litros de agua para regar 1,500 árboles. Sólo fueron dos veces a regar con esa cantidad de agua, a partir de ahí los dejaron secar” dice el excomisariado ejidal, Jesús Thomas González.
El ejido El Bajío cobró importancia después de que le ganó la batalla legal a la familia multimillonaria de los Bailleres quienes son los dueños de la minera Penmont. Pero esta hazaña le costó cárcel y muerte a los ejidatarios.
La Semarnat asumió el compromiso de reforestar pero no cumplió, aquí la cita: “La pérdida de grandes áreas de cobertura vegetal asociadas con la deforestación: así como, la disminución de cualidades que poseen las comunidades e incluso la reducción o pérdida de especies. Y por ello la importancia de la implementación del Programa de Reforestación”.
La resistencia inició desde 2013 a la fecha, fueron encarcelados cinco ejidatarios y los activistas más visibles fueron asesinados y desaparecidos. El 12 febrero de 2018, fueron desaparecidos Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez. El 29 de abril, el excomisario ejidal Jesús Robledo Cruz y su esposa María Jesús Gómez Vega fueron asesinados en Puerto Peñasco, Sonora.
En 2013, el ejido El Bajío interpuso 67 juicios agrarios que fueron resueltos en 2014, de los juicios, el magistrado Manuel Loya Valverde emitió 67 sentencias firmes que ordenan a la empresa a regresar las tierras a su estado natural y devolver todo el oro extraído al ejido. Sin embrago, la empresa no acató la orden judicial y volvió a ocupar de manera ilegal el ejido en el 2019, pero fue expulsada un año después. Hasta ahora las sentencias dictadas en el 2014, no han sido ejecutadas.
El ejido El Bajío obtuvo las sentencias en contra de la minera Fresnillo PLC en 2014. La demanda fue interpuesta por la explotación ilegal de oro dentro de la tierra ejidal que la minera realizaba desde 1991: “En 2009 interpusimos el primer juicio agrario cuya sentencia indica que la empresa debía desalojar el ejido, cosa que hizo 4 años más tarde y por orden de las fuerzas de orden público” dijo Javier Thomas González en una entrevista con TatyiSavi.
En esa andar en los pasillos de las instituciones gubernamentales, los ejidatarios consiguieron una pizca de derecho pero pronto se desvanecieron porque la CFE como es su costumbre solo prometió pero pronto dejó el desierto sin explicar las causas.
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De acuerdo con los documentos de la Semarnat en el oficio: No. SRA/DGIRA/DG-06238-22 que emitió la Subsecretaría de Regulación Ambiental (SRA) a travez de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA): “Que la promovente implementara medidas y llevará a cabo programas con la finalidad de mitigar y compensar los impactos de ambientales que se generarán en la biodiversidad, ecosistemas y servicios ambientales que prestan los mismos, los cuales se verán afectados por el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF)de 813,522 Ha de vegetación tipo desierto arenosos” se lee en la resolución de Semarnat.
Agrega: “La promovente debe de considerar que dicha vegetación se caracterizan por presentar comunidades vegetales dominadas por estricto arbustivo, los cuales favorecen la desertificación; así mismo presenta una amplia biodiversidad (lo cual, se vio reflejado en los muestreos realizados a la flora y fauna en el área del proyecto del área protegida (AP)”.
Mientras que la DGIRA hace algunas precisiones sobre el caso: “La conservación de los desiertos arenosos no tan solo resulta importante por su función ecológica y los servicios ambientales que prestan tanto a la vegetación como a la fauna, sino también por las modificaciones que pueden presentar a nivel ecosistémico derivado del CUSF”.
En el documento se desmenuza que se implementará medidas de mitigación, restauración o compensación de contribuyan no tan solo a la protección y recuperación de habitad sino también a disminuir los efectos del cambio climático y coadyuvar en la recuperación de los servicios ambientales.
Además cita a los teóricos sobre cambio climático: “Bremauntz y J.M (2007) en su libro intitulado Cambio Climático: Una visión desde México; en el apartado de la evaluación y vulnerabilidad de los ecosistemas forestales mencionan que las transformaciones de cobertura vegetal, para la realización de distintas actividades humanas, como la agricultura, ganadería, asentamiento humanos, explotación forestal, etc”.
Así las cosas, de los dos mil hectáreas para la reforestación con la planta fotovoltaica, solo se reforestaron una hectárea y media, lo demás lo dejaron secar.
