Tras dos días de análisis y deliberación profunda, los 69 pueblos plurinacionales y el pueblo afromexicano logran un acuerdo sin votos en contra.
Este paso normativo cierra una intensa jornada de deliberación interna y abre un nuevo frente. Ahora, con el consenso unánime de los 69 pueblos y el pueblo afromexicano como escudo, la iniciativa se perfila para salir de los salones alfombrados y regresar a las comunidades.
Escribe: Kau Sirenio
Fotografía: Cortesía
Ciudad de México.– El eco de las asambleas, el peso de los agravios históricos y la memoria de los abuelos se concentraron durante dos días en un diálogo largo, de esos que exigen paciencia y decolonizar el pensamiento. Ahí, los delegados de los 69 pueblos plurinacionales y del pueblo afromexicano revisaron con lupa el texto normativo que el Comité Técnico Asesor les puso en las manos. No fue un trámite de oficina ni una concesión del poder; fue un ejercicio de análisis profundo que terminó con un acuerdo unánime: respaldar la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Para llegar a levantar la mano de manera unánime, las y los consejeros tuvieron que desmenuzar ocho libros. Cada página representaba debates sobre el territorio, la autonomía, la justicia comunitaria y la identidad plurinacional que el Estado históricamente ha regateado. Los representantes no se limitaron a escuchar; intervinieron, confrontaron ideas, contrastaron las realidades de sus regiones —desde todos los rincones del territorio indígena hasta los campos agrícolas del norte— e integraron propuestas colectivas para fortalecer un documento que nace desde abajo.
En la sesión, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó que la consulta se desarrollará de conformidad con el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar a través de sus autoridades e instituciones representativas, mediante un proceso integrado por etapas de información, deliberación, consulta y seguimiento de acuerdos.
Asimismo, señaló que la propuesta legislativa representa una oportunidad histórica para consolidar los derechos reconocidos en la reforma constitucional al artículo 2º y fortalecer el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Destacó que se realizará una Jornada Nacional de Información para llevar el contenido de la iniciativa, materiales explicativos y la convocatoria a más de 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país, mediante recorridos que realizarán servidoras y servidores públicos del Instituto en todo el territorio nacional. Explicó que esta etapa busca garantizar que las comunidades cuenten con información suficiente para participar en el proceso consultivo y deliberar conforme a sus propios sistemas normativos.
Sostuvo qué, presentó la propuesta de calendario para el desarrollo de la consulta, que contempla la realización de 82 asambleas regionales entre los meses de agosto y septiembre, además de mesas de trabajo dirigidas a comunidades indígenas residentes, migrantes y afromexicanas. Los resultados de este proceso serán sistematizados e incorporados al proyecto legislativo para fortalecer su contenido antes de su presentación ante el Congreso de la Unión.
Así las cosas. Este consenso ocurre en un México que arrastra décadas de simulaciones legislativas. No se olvida en las comunidades la herida de la contrarreforma constitucional de 2001, aquella que mutiló los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y redujo la libre determinación a un simple asunto de “interés público”, tratándonos como menores de edad o meros objetos de asistencia social.
Aunque la reforma constitucional en materia indígena y afromexicana abrió una ventana al catalogarnos finalmente como sujetos de derecho público, el escepticismo camina con nosotros: las leyes secundarias suelen convertirse en el embudo donde la burocracia del Estado ahoga la autonomía territorial, la administración directa de recursos y el respeto real a los sistemas normativos internos frente a la imposición de megaproyectos.
Esta iniciativa de ocho libros no es el punto de llegada, sino una nueva trinchera legal para evitar que los derechos vuelvan a quedar atrapados en la burocracia jurídico del indigenismo oficial.
Para los pueblos de México, la tierra nunca ha sido una mercancía ni un simple lote con título de propiedad, sino el territorio vivo que sostiene la existencia colectiva. Sin embargo, la reforma salinista de 1992 abrió las puertas al despojo legal, pulverizando la propiedad social y dejando a las comunidades en una indefensión jurídica frente a las mineras, los desarrollos inmobiliarios y el crimen organizado que hoy controla regiones enteras.
De que los tribunales agrarios oficiales del Estado, lentos y ajenos a las realidades culturales, han sido incapaces de resolver los pleitos por límites territoriales, convirtiéndolos en focos crónicos de violencia comunitaria.
Por eso, el blindaje que proponen en la ley general no es menor: busca que el Estado reconozca por fin la validez de los sistemas normativos internos. Se trata de que las propias asambleas tengan la facultad legal y preferente para resolver sus conflictos de tenencia, recuperar predios comunales y frenar las invasiones sin tener que arrodillarse ante una burocracia que no entiende el significado sagrado del territorio.
En su intervención, la coordinadora general del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Yaneth Cruz Gómez, destacó la importancia de fortalecer la unidad, el diálogo y la transparencia durante este proceso histórico, así como aprovechar la voluntad política e institucional que hoy permite avanzar en la construcción de un nuevo marco jurídico para los pueblos indígenas y afromexicanos.
La mujer tojolabal reconoció el esfuerzo de las y los representantes que acudieron desde sus territorios para participar en los trabajos y reiteró el llamado a llevar la información y los acuerdos a sus comunidades, con el propósito de fortalecer la participación colectiva en el proceso de consulta.
Las palabras de Cruz Gómez dijo que en el caminar de dos días, la voz de las mujeres indígenas y afromexicanas resonó no como un eco decorativo de la paridad institucional, sino como el eje central que sostiene la resistencia en las comunidades.
Así es, históricamente las mujeres son las que ponen el cuerpo frente a las excavadoras de las mineras, las que cuidan las semillas nativas y las que sanan el tejido comunitario deshecho por la violencia. Sin embargo, el derecho agrario patriarcal del Estado mexicano las ha dejado al margen: la gran mayoría carece de títulos de propiedad, de derechos de sucesión ejidal y de voto en las asambleas agrarias que deciden el destino del territorio.
Por eso, su exigencia dentro de esta ley general de los pueblos y comunidades Indígenas y afromexicana, es un acto de justicia histórica: no se puede defender la tierra si se excluye a quienes la reproducen todos los días.
Para las consejeras, esta ley debe garantizar de forma vinculante sus derechos agrarios, asegurar su participación con poder de decisión en las estructuras comunitarias y reconocer su rol como guardianas del conocimiento ancestral. Su lucha no es solo por una firma en un papel; es por un marco legal que entienda que la defensa del territorio de vida es inseparable de la autonomía y dignidad de las mujeres que lo habitan.
Este paso normativo cierra una intensa jornada de deliberación interna y abre un nuevo frente. Ahora, con el consenso unánime de los 69 pueblos y el pueblo afromexicano como escudo, la iniciativa se perfila para salir de los salones alfombrados y regresar a las comunidades. El documento deberá enfrentar los laberintos del Poder Legislativo, donde se medirá si el Estado mexicano está listo para reconocer a los pueblos originarios como verdaderos sujetos de derecho público o si la deuda histórica seguirá esperando en el olvido de las oficinas centrales. El caminar apenas comienza.
