La situación que se vivía en esa zona de pueblos indígenas, ancestralmente olvidados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, prendió las alarmas en Palacio Nacional.
Escriben: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma
Chilpancingo, 18 de mayo de 2026
Antes del mediodía del martes 12 de mayo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez subió por el elevador privado en el Palacio de Gobierno que conduce directo a la oficina de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. La molestia de la funcionaria federal era evidente, contaron fuentes del recinto. Previo a la llegada de Rodríguez Velázquez, todo el personal de las oficinas de Salgado Pineda recibió la orden de retirarse.
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, no fue informada de la visita de la funcionaria federal y mucho menos fue invitada a la reunión.
La puerta del pasillo —de una especie de puente que comunica de la Secretaría General a las oficinas del titular del Ejecutivo— fue cerrada con llave.
Las oficinas de la gobernadora cuentan con una amplia sala con muebles cómodos y en medio hay dos banderas: la nacional y otra del estado de Guerrero. Del lado derecho, donde se sienta la gobernadora, hay una pantalla grande que sirve para presentar videos, gráficas y enlaces en vivo.
Rodríguez Velázquez y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, tomaron el control de las oficinas de Salgado Pineda para dar seguimiento en tiempo real al despliegue de militares, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, del municipio de Chilapa, donde explotó un conflicto armado debido a la inoperancia de las autoridades estatales durante los seis días previos; quienes, por omisión, complicidad o saña, no acudieron para dialogar y evitar que escalara la violencia.
El 9 y 10 de mayo no se supo nada de la gobernadora, tampoco de su padre, Félix Salgado Macedonio —de quien se supone es su principal operador—, ni del resto de los funcionarios de su gabinete.
En un oficio que al calce decía “extra urgente” con fecha del 11 de mayo, firmado por el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Fernando Esteban Ramírez, y dirigido al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, se le da cuenta de los hechos de violencia registrados en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, presuntamente cometidos por un grupo de la delincuencia organizada.
La CDHEG solicitó a la Secretaría General de Gobierno que se activaran los protocolos para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, garantizando además medidas reforzadas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como la preservación del orden público y la paz social.
Ese mismo 11 de mayo, Rodríguez Cisneros, escoltado por varias patrullas de la Policía Estatal y la GN, se trasladó a la zona del conflicto, pero en el crucero de El Jagüey, en el mismo municipio de Chilapa, fue interceptado por un grupo de hombres que se identificaron como policías comunitarios del grupo Por la paz y la justicia, encabezados por su, Severino González.
Severino González es uno de los líderes visibles de esta agrupación que ha puesto en jaque a los últimos tres gobiernos estatales.
El grupo Por la paz y la justicia ejerce control en municipios de la región Montaña y Centro de Guerrero, que coinciden con los lugares donde también tiene presencia la organización criminal de Los Ardillos, y la cual ha sido responsabilizada de la desaparición y asesinato de personas, específicamente durante el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez y durante la irrupción armada en mayo de 2015.
Esta agrupación, junto con transportistas, ha puesto en vilo a los gobiernos, y el de Salgado Pineda no ha sido la excepción. En los últimos tres años, pobladores de esta misma zona ha protestado radicalmente con el cierre de carreteras, la toma del Palacio de Gobierno, la irrupción en Chilpancingo y la privación de la libertad de varios funcionarios.
En marzo de 2025, un contingente de esta misma zona de Guerrero, encabezado por alcaldesas y alcaldes, bloqueó con una marcha la Autopista del Sol, retuvo a ocho secretarios del gabinete estatal y obligó a la gobernadora a que los atendiera en el auditorio Sentimientos de la Nación, donde recibió gritos de reclamo por la falta de obras.
El 11 de mayo, Rodríguez Cisneros, el principal operador político de Salgado Pineda, fue obligado por Severino González a regresar a Chilpancingo e informar que la situación en esa zona era demasiado complicada porque aún seguía el enfrentamiento armado contra los policías comunitarios del Consejo Indígena de Pueblos de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La situación que se vivía en esa zona de pueblos indígenas, ancestralmente olvidados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, prendió las alarmas en Palacio Nacional.
Informes de la presidencia detallaron que ese mismo día por la tarde, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó a Rodríguez Velázquez que se hiciera cargo del caso en coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El gobierno federal tenía informes de que la situación en esta región indígena de Chilapa se desbordaría por los antecedentes de violencia y criminalidad de la última década.
La orden presidencial fue, otra vez, recomponer la omisión e inoperancia del gobierno de los Salgado.
Mientras los enfrentamientos continuaban y la petición de ayuda de los desplazados se mediatizaba en redes sociales, Salgado Pineda comenzó tranquilamente su mañana del 11 de mayo. La gobernadora no había modificado sus actividades y comenzó su día con un homenaje a la Bandera, el cual celebra el primer lunes de cada mes en la explanada del Palacio de Gobierno.
Sin embargo, el escándalo se propagó a nivel nacional y, mientras le preguntaban a la presidenta de la República sobre la violencia en Chilapa en su conferencia matutina, Salgado Pineda cantaba el himno nacional en su recinto rodeada de sus funcionarios.
La única diferencia fue que no hubo transmisión en vivo de su evento, para evitar que en las redes sociales los usuarios le reclamaran la inacción de su gobierno para atender el conflicto armado en Chilapa.
Fuentes señalan que desde la tarde de ese lunes, Rodríguez Velázquez comenzó a operar desde la Ciudad de México para destrabar el conflicto en Guerrero.
El martes 12, la funcionaria federal llegó a Chilpancingo muy temprano y, junto con César Yáñez —ambos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador—, tomó las oficinas de la gobernadora.
Rodríguez Velázquez llevó la planeación del operativo; se podría entender que, por unas horas, gobernó Guerrero.
La mañana del miércoles 13 de mayo, después de que se logró un cese al fuego —ya se habían contabilizado al menos seis muertos, cinco desaparecidos y decenas de casas incendiadas—, Rodríguez Velázquez, Yáñez Centeno y Salgado Pineda se trasladaron a la zona de conflicto rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad.
En Alcozacán, zona controlada por el Cipog-EZ, y en Coatzingo, donde tiene el dominio el grupo Por la paz y la justicia, vinculada a Los Ardillos, Rodríguez Velázquez les exigió a sus dirigentes, en reuniones por separado, la firma de un acuerdo de paz.
Rodríguez Velázquez —quien en la década de los noventa trabajó como reportera en el diario La Jornada—, tras visitar la zona de conflicto, regresó a la Ciudad de México, pero comisionó a personal de su confianza para que atienda la situación.
El gobierno federal sabe que en cualquier momento el conflicto puede resurgir otra vez; acaso, ¿la participación de los funcionarios federales se puede interpretar como la desconfianza de la Federación en el gobierno de los Salgado para desactivar los conflictos armados?
El gobierno de los Salgado no ha molestado con ningún operativo estatal a ningún grupo criminal en Guerrero, a pesar de las diferentes crisis que han vivido.
En temas de seguridad, no es la primera vez que Rodríguez Velázquez saca de aprietos al gobierno de los Salgado.
En enero de 2024, la funcionaria, que fungía como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el gobierno de López Obrador, operó el relevo del secretario de Seguridad estatal, el capitán de corbeta Evelio Méndez Gómez, tras una crisis de violencia que se había registrado en Acapulco, Taxco y Chilpancingo, con secuestros de personas, quema de transporte público y paralización de este servicio.
En los cuatro años con siete meses que lleva en el cargo Salgado Pineda, las 15 organizaciones criminales que operan en Guerrero —y que tienen pactos con autoridades de distintos partidos políticos y corporaciones policiacas— tienen en vilo al gobierno estatal.
No solo han sido Los Ardillos; también La Familia Michoacana y Los Tlacos han aumentado exponencialmente el control de territorios en lo que va de este gobierno, de acuerdo con un informe de las propias autoridades estatales.
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en el primer trimestre de este 2026, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y Taxco aparecen como las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país.
Las extorsiones, el cobro de piso y los homicidios dolosos son los delitos que más se cometen en estas zonas dominadas por las organizaciones criminales.
Mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de la inseguridad, la mala calidad de los servicios de salud y la falta de educación, los Salgado se concentraron en la candidatura de Salgado Macedonio para la sucesión en la gubernatura; aunado a ello, se han preocupado más por la imposición de candidatos en los cargos de representación popular y en lugares clave, como la más reciente propuesta de la gobernadora: a pesar de que Morena promovió la elección judicial a nivel federal, Salgado Pineda envió al Congreso local una propuesta para que Saúl Montúfar Mendoza sea magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia, con miras a que lo presida.
El anuncio del arranque del proceso interno de Morena para la elección de candidatos y candidatas a las gubernaturas, alcaldías y diputaciones bajo la figura de coordinadores o coordinadoras de la Transformación, aceleró la ambición política del clan de los Salgado.
Salgado Macedonio sigue utilizando toda su influencia en el gobierno estatal con actos masivos que prefiguran actos de precampaña.
A pesar de que la exlíder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, declaró que el senador no será tomado en cuenta en ninguna encuesta para la candidatura a la gubernatura por el nepotismo electoral, Salgado Macedonio no renuncia a ser considerado y continúa aferrado a que se respete la Constitución y no los lineamientos internos de su partido.
Un ejemplo de ello ocurrió este sábado 16 de mayo, en la playa Papagayo, donde Salgado Macedonio rindió su octavo informe consecutivo como senador, aunque él resaltó que era el segundo de este segundo periodo; el evento, más que un informe, fue un mitin político, rodeado de diputados, funcionarios y trabajadores de Palacio de Gobierno.
Lo más grave es que Salgado Macedonio interpretó el nepotismo electoral y manipuló lo que su partido propuso: “El nepotismo es cuando un gobernante designa a un familiar en un cargo y aquí no es el caso; además está la Constitución, que establece que como mexicano tiene uno derecho a votar y ser votado. Pero yo no digo que quiero (la candidatura), sino que voy a esperar a ver qué dice mi partido”.
Fiel a su estilo, Salgado Macedonio, mediante uno de sus ayudantes, entregó 500 pesos en efectivo a reporteros, quienes sin ningún pudor se formaron en una larga fila en la playa para recibir un “chayote”.
Así, mientras Salgado Macedonio no detiene su activismo político, su hija reduce cada vez más sus actos públicos; hay un cansancio y agotamiento de sus monótonos eventos, los cuales ya solo se transmiten de vez en cuando a través de redes sociales. Los fines de semana, la mandataria estatal se ausenta de actividades públicas y se dedica a publicar fotografías planeadas con antelación.
El conflicto armado en la zona indígena de Chilapa no estalló solo por un descuido del gobierno de los Salgado, sino por un desprecio histórico hacia esta zona nahua.
Peor aún: el gobierno estatal y el federal, la iglesia católica y las comunidades dominadas por Los Ardillos han comenzado una campaña mediática en medios de comunicación para sostener la versión de que el Cipog-EZ mantiene nexos con una organización rival, Los Tlacos, y que, incluso, los desplazados incendiaron sus viviendas para llamar la atención de los medios.
El objetivo de esta versión es que, a mediano plazo, a nadie le importen los asesinatos, el desplazamiento y las desapariciones contra esta población, con el pretexto de que se trata de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.
Chirrionazo.
Luego de que se dio a conocer la propuesta de Evelyn Salgado Pineda de nombrar a Saúl Montúfar Mendoza como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el actual magistrado presidente, Ricardo Salinas Sandoval, no quedó muy contento.
Tanto, que Salinas Sandoval emprendió una campaña mediática para exponer que Montúfar Mendoza no tiene las credenciales para ser nombrado magistrado. Y es que, a pesar de todo, Salinas Sandoval hizo carrera judicial; en cambio, el nombramiento de Montúfar Mendoza sería al más puro estilo priista.
Publicado originalmente en www.eltlacolol.com
