La visa H-2A es un programa unilateral de Estados Unidos para reclutar a trabajadores agrícolas de México y Centroamérica; en la administración de Donald Trump se ha usado en contra de la comunidad migrante irregular.
Campos agricolas de Estados Unidos
Texto y fotografía: Kau Sirenio
Feliciano Velasco Rojas y Luis Guzman Rojas, dos trabajadores agrícolas con visas H-2A, alcanzaron un acuerdo en un caso federal contra varios demandados, en el que alegaban violaciones a la Ley de Protección a las Víctimas de Trata y a la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada.
La visa H-2A es un programa unilateral de Estados Unidos que usa para reclutar a trabajadores agrícolas de México y Centroamérica, durante el mandato de Donald Trump se ha usado en contra de la comunidad migrante irregular.
De acuerdo con las reglas del programa temporal, los empleadores deben especificar el lugar donde se llevará a cabo el trabajo. Los demandantes en el caso alegaron que, tras ser reclutados para trabajar con visas H-2A en Carolina del Norte, fueron obligados a vivir y trabajar en malas condiciones en Michigan, lo que violó los términos de sus visas y se dio bajo amenazas de sufrir daños graves y abuso del proceso legal.
En un comunicado conjunto de la organización comunitaria Michigan Immigrant Rights Center (MIRC), Farmworker Legal Services (FLS), Centro de los Derechos del Migrante (CDM) y Farmworker Justice (FJ).
“El programa H-2A vincula el estatus migratorio de las personas trabajadoras con su empleador, creando un efecto silenciador estructural que castiga a quienes denuncian abusos. Nos enorgullece acompañar a Feliciano y Luis, dos trabajadores que decidieron romper ese silencio en la búsqueda de justicia.” señaló la directora de asuntos legales e incidencia del CDM, Julia Solórzano.
El CDM trabaja con la comunidad y los acompaña para visibilizar las violaciones de las trabajadoras migrantes. Mientras que MIRC lleva los casos legales en todo el estado para las comunidades de inmigrantes de Michigan.
“MIRC reconoce la valentía de trabajadores como Feliciano y Luis, que ayudaron a sacar estas situaciones a la luz. MIRC, junto con Farmworker Legal Services, Centro de los Derechos del Migrante y Farmworker Justice, mantiene su compromiso de apoyar a las personas trabajadoras agrícolas para que hagan valer sus derechos”, dio a conocer el abogado de Michigan Immigrant Rights Center, Gonzalo Peralta.
El caso de Feliciano y Luis no es aislado, ya que hay otra historia similar que ocurrieron en Carolina del Norte.
Fernando Javier Rodríguez Luna, ex trabajador agrícola mexicano con visa H-2A presentó una demanda colectiva contra sus empleadores en Carolina del Norte, Jackson Farming Company de Autryville, el contratista agrícola Alvino Avilez Castaneda, and Avilez & Sons Harvesting LLC, alegando violaciones a las leyes de salarios y trata de personas.
“La historia de Fernando es muy similar a la de muchas otras personas trabajadoras agrícolas a lo largo de los años: le cobraron miles de dólares en cuotas de reclutamiento ilegales y tuvo que pagar sus gastos de viaje y los costos de la visa sin recibir reembolso. Para cubrir estos costos, recurrió a préstamos, lo que significó que llegara a los Estados Unidos endeudado, sin ninguna opción real más que callar al enfrentar abusos”.
Una vez en Carolina del Norte, sus empleadores le confiscaron el pasaporte a él y a sus compañeros de trabajo para asegurarse de que no pudieran irse. En Jackson Farming Company, Fernando cosechó sandías, melones, camotes y tabaco, entre otros cultivos, durante largas jornadas sin acceso adecuado a sanitarios ni a agua potable. Sus empleadores no le proporcionaban materiales de protección esenciales, por lo que Fernando tenía que comprarlos por su cuenta. Por su trabajo, ganaba menos del salario mínimo requerido por la ley federal y estatal.
“En un ambiente en el que las personas trabajadores migrantes están bajo ataque constantemente, el señor Rodríguez Luna se niega a guardar silencio. Él está liderando con valor la lucha por la justicia para él y para sus compañeros de trabajo.”, declaró la directora de CDM, Julia Solórzano.
“Desde la trata de personas al robo de salarios, el programa H-2A está plagado de abusos. Las personas trabajadoras no deberían tener que sufrir estas violaciones ni presentar demandas para recuperar lo que les corresponde legalmente desde un principio”, cuestionó la abogada del CJCN, Carol Brooke.
