Académicos de los movimientos sociales en Guerrero establecen que las organizaciones del crimen organizado actúan como grupos paramilitares avalados por el Estado para ejercer violencia, control territorial y labores de contrainsurgencia.
Escribe: Jesús Guerrero
Foto: Óscar Guerrero
Alcozacán, Chilapa15 de mayo de 2026
Por las calles de esta comunidad desfila un grupo de 10 policías comunitarios que portan escopetas calibre .22 y visten playeras de color verde que ya lucen desteñidas.
Sixto Mendoza Limpio, promotor del Consejo Indígena de Pueblos de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), ve de reojo al grupo de guardias comunitarios y suelta: “Nuestros policías y los pobladores de Alcozacán y de otras comunidades resistimos los ataques de ese grupo de alrededor de cien personas armadas que querían acabar con todos nosotros”.
“Si no hubiéramos resistido, estaríamos hablando de muchísimos de nuestros compañeros muertos y, bueno, lamentablemente solo hubo seis caídos y tres mujeres heridas”, dice Sixto Mendoza.
El dirigente del Cipog-EZ recapitula las fechas de los ataques y dice que el primero de estos ocurrió el miércoles 6 de mayo contra los habitantes de Tula, en donde desde hace meses un grupo de soldados del Ejército y la Guardia Nacional realizan labores de vigilancia.
Los militares, en vez de actuar, mejor se retiraron de la comunidad, asegura Sixto Mendoza.
Según el activista, el día del primer ataque en Tula con disparos de arma de fuego y drones con explosivos, se le dio aviso a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno para que apoyaran a los pobladores.
Las arremetidas armadas se intensificaron el jueves, viernes y sábado, y se extendieron a los pueblos vecinos de Xicotlán y Acahuehuetlán.
El sábado 9, un día antes del festejo del Día de las Madres, la gente empezó a huir de sus comunidades y llegaron a Alcozacán caminando por los cerros entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Sixto Mendoza sostiene que, luego de que Xicotlán, Acahuehuetlán y Tula ya estaban deshabitados, los integrantes del grupo criminal ocuparon los tres poblados, donde gran parte de las viviendas presentan destrozos o fueron incendiadas.
El líder del Cipog-EZ señala que, desde el domingo 10 de mayo, los integrantes del grupo armado a bordo de camionetas blindadas empezaron a avanzar por la carretera hacia Alcozacán, y fue donde comenzaron los enfrentamientos con la policía comunitaria y los pobladores.
“Colocamos barricadas con troncos y piedras en tres puntos de la vía para impedir el avance de los vehículos blindados en donde venían los hombres armados que, con disparos de arma de fuego y drones con explosivos, nos atacaban”, explica Sixto Mendoza.
La vía Chilapa-Hueycantenango tiene decenas de tramos con baches y es la que se utiliza para llegar a Alcozacán y a decenas de comunidades de esta zona de la Montaña. Varias piedras de gran tamaño y troncos de árboles tirados a la orilla de la vía fueron utilizados por los pobladores de Alcozacán como parapetos.
De hecho, en la entrada de Alcozacán está instalada desde hace años una barricada con costales de arena y un muro de piedras. En este parapeto hay en guardia un grupo de policías comunitarios.
La policía comunitaria se fundó en 2014 bajo el cobijo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que dirigía Cirino Plácido Valerio, a quien durante el gobierno del presidente priista Ernesto Zedillo se le acusó de pertenecer al grupo guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Entre 1996 y 1997, este grupo guerrillero tenía varias células en esta zona indígena, en donde varias veces realizó incursiones, como en las localidades de Hueycatenango y Ayahualulco, donde invitó a la gente a sumarse a su lucha armada.
En mayo de 1997, el EPR atacó a un convoy del Ejército en la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Tepozonalco.
Académicos de los movimientos sociales en Guerrero establecen que las organizaciones del crimen organizado actúan como grupos paramilitares avalados por el Estado para ejercer violencia, control territorial y labores de contrainsurgencia.
En Ayahualtempa, comunidad del municipio de José Joaquín Herrera y vecina de Alcozacán, hay otro grupo de policías comunitarios de la CRAC-PF que fundaron los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna; este último falleció recientemente de una enfermedad cuando estaba encerrado en un centro de reeducación en una casa de justicia de la CRAC en Malinaltepec.
Sixto Mendoza dice que, en 2014, las comunidades indígenas eligieron a su policía comunitaria mediante asambleas luego de que iniciaran las primeras desapariciones y asesinatos de habitantes de la localidad de Rincón de Chautla.
En esas fechas del inicio de los ataques contra pobladores indígenas de esta zona, coincide con las primeras incursiones que realizaba el grupo del crimen organizado de “Los Ardillos” en la cabecera del municipio de Chilapa, con el propósito de desplazar a sus rivales, “Los Rojos”, que dirigía Zenén Nava.
“La policía comunitaria ni los pobladores de Alcozacán ni de los otros pueblos pertenecemos a un grupo criminal como los Tlacos o los Rojos, como antes así nos acusaban”, dijo el promotor del Cipog-EZ.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que la ola de violencia registrada hace unos días en esta zona de Chilapa es por una pugna entre los dos grupos criminales: Tlacos y Ardillos.
Sixto Mendoza pidió a García Harfuch que visite Alcozacán y las otras comunidades para que se cerciore de la realidad, y que ordene la permanencia definitiva de las fuerzas de seguridad en esta región para evitar más violencia.
“Si nosotros fuéramos narcos, tendríamos un gran armamento, granadas, drones con explosivos como los que tienen los que nos atacaron durante seis días”, dijo el activista comunitario.
Y es que asegura que, cuando los ataques avanzaban hacia Alcozacán, los pobladores sacaron sus machetes y algunos una escopeta o pistola calibre .22 para unirse a la policía comunitaria durante la confrontación.
A 24 horas de la visita en esta región de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, siguen cerradas las escuelas de educación básica y nivel medio superior en las 12 comunidades indígenas del municipio de Chilapa.
“Los maestros no quieren venir a dar clases por la inseguridad, pero tampoco hay suficientes alimentos, aunque apenas se está restableciendo el transporte público hacia Chilapa”, dice Sixto Mendoza.
Más de cien personas desplazadas, entre mujeres, niños, hombres y ancianos de las comunidades de Xicotlán, Acahuehuetlán y Tula, cumplieron cuatro días bajo el techo de la iglesia de Alcozacán.
Este miércoles, luego de la visita de Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado, el DIF estatal que preside Liz Salgado Pineda —hermana de la gobernadora— entregó despensas a las familias desplazadas.
Un grupo de médicos y enfermeras del IMSS-Bienestar les dieron atención médica a los pobladores en la cancha de usos múltiples.
Desde hace meses, el centro de salud de esta localidad no tiene asignado un médico y carece de medicamentos.
“Trajeron pocas despensas; por lo menos requerimos unas tres mil para cubrir a toda la población de Alcozacán”, planteó Sixto Mendoza.
Lidia, una joven de 23 años que es de la comunidad de Xicotlán, cumplió junto con su mamá cinco días refugiada en la iglesia de esta comunidad y asegura que, hasta el momento, no sabe del paradero de su papá ni de sus dos hermanos.
“No sabemos nada de ellos y ojalá no les haya pasado nada malo”, dice Lidia.
Este jueves, los gobiernos federal y estatal mediante un comunicado aseguraron que 118 pobladores desplazados iniciaron el retorno a su comunidad de Xicotlán. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el subsecretario César Yáñez Centeno acompaño el regreso de los habitantes.
