¿La caída de los intocables? Guerrero y el fantasma de la impunidad.
El arresto de figuras intocables por la cultura priista y de la política mexicana, desnuda la gigantesca deuda que el Estado mexicano arrastra con Guerrero.
Escribe: Manuel Ta Safi / Opinión
Fotografía: Jose Luis De la Cruz
En Guerrero, la historia suele escribirse con dos plumas opuestas, la de la resistencia social constante y la de la impunidad institucionalizada. Durante décadas, el estado ha sido un laboratorio de contrainsurgencia, donde los abusos de poder se repiten como una trágica maldita que no tiene fin. Gobernadores van, gobernadores vienen, las crisis estallan y las familias de las víctimas cargan con el dolor sin que la justicia llegue, mientras los altos mandos se refugian habitualmente en el cómodo escondite del olvido y en el fuero que gozan.
Pero la reciente detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de obstrucción de la justicia y de ordenar el ocultamiento de evidencias clave, como los videos que mostraban la detención de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, marca un sismo en el tablero de la política guerrerense.
Ver a un exmandatario caer formalmente por el caso Ayotzinapa sacude los cimientos de un sistema acostumbrado a proteger a los suyos, a no recibir ningún castigo por los excesos que cometieron desde el poder. Este miércoles 12 de agosto como lo reporto la Jornada en linea Aguirre fue vinculado por el delito de desaparición forzada, según el Abogado penalista Adonías Rosales el delito no prescribe, ya que así está establecido en la constitución y mientras las víctimas no aparezcan y no haya justicia el caso no se cierra, por eso Aguirre no se pudo ir a su casa.
Esta captura, aunque tardía, reabre una pregunta inevitable que se ha escuchado en las diferentes protestas en Guerrero, donde años llevan gritando justicia, varios gobernadores han tenido que renunciar o dejar el cargo bajo el peso de la tragedia, pero nunca pisan la cárcel. Si Aguirre ya enfrenta a la justicia por encubrir la verdad de los 43 normalistas, la gran interrogante es: ¿Cuándo caerán los demás? Porque si el dio la orden de ocultar y desaparecer evidencias, no lo hizo solo, en Guerrero bien sabemos que no existen instancias autónomas, al final de cuentas la burocracia Guerrerense sabe quien es el jefe y ese despacha en el palacio de Gobierno. Y a nivel federal, ojalá se llegue hasta Enrique Peña Nieto, al menos por omisión o obstrucción de la justicia, ya que la desaparición de los 43 debe entenderse como un crimen de estado.
Y el reclamo apunta de inmediato hacia los pasados más oscuro recientes, específicamente hacia administraciones como la de Rubén Figueroa Alcocer. ¿Cómo olvidar la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, cuando policías estatales acribillaron cobardemente a 17 campesinos de la OCSS en la sierra de Guerrero? Figueroa Alcocer tuvo que dejar la gubernatura presionado por la indignación nacional y por las protestas que se desataron en el estado, pero la justicia penal jamás lo alcanzó.
Se marchó a su casa blindado por la impunidad de una época donde los crímenes de Estado se lavaban con acuerdos políticos y justicia simulada. Y saben quien lo sustituyó? Aguirre Rivero, el 12 de marzo de 1996 el Congreso de Guerrero lo designó gobernador sustituto, terminando el período constitucional hasta el 31 de marzo de 1999 y en su gobierno ocurrió otra matanza, la de El Charco, Guerrero. La organización de derechos humanos Tlachinollan sostiene en su portal que “el saldo fue de 10 indígenas del pueblo Ñu savi y un estudiante de la UNAM ejecutados; 5 heridos graves, entre ellos un niño; 22 detenidos y torturados, entre los que se encontraban 4 niños y una estudiante universitaria. A la fecha este artero crimen se encuentra en la impunidad. Las únicas causas penales que se abrieron fueron contra los indígenas del Charco. Los acusaron de rebelión, conspiración, terrorismo, acopio y portación de armas, la mayoría fueron sentenciados, pero los ministerios públicos no abrieron alguna investigación por los 11 asesinatos, por las lesiones graves, las detenciones arbitrarias y la tortura infligida contra los indígenas.”
Aguirre se formó en una escuela de políticos caciques acostumbrados a vivir en la impunidad, de muchas atrocidades de las cuales formó parte, porque siempre fue parte del gobierno, ya sea del estado, diputado, senador o gobernador, es el Cachorro del figueroísmo.
El arresto de figuras intocables por la cultura priista y de la política mexicana, desnuda la gigantesca deuda que el Estado mexicano arrastra con Guerrero.
La justicia a cuentagotas no es justicia completa. Si el aparato de procuración de justicia ha comenzado a desmantelar los pactos de silencio en casos como Ayotzinapa, tiene la obligación moral, ética y legal de mirar hacia atrás y remover los escombros de masacres impunes como la de Aguas Blancas y el Charco y otros muchos a nivel nacional. Guerrero merece cerrar sus heridas más profundas, y para ello se necesita algo más que la caída aislada de un exgobernador: se necesita que todos los responsables del poder, sin importar el partido ni los años transcurridos, respondan ante la ley. Solo así el estado podrá dejar de ser tierra fértil para la impunidad.
