Un operativo desmedido, integrado por la guardia nacional, el ejército, policía estatal y policía ministerial. Estaba planeada su detención arbitraria.
Escriben: Kau Sirenio y Manuel Ta Safi
Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Detienen al líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, en un retén militar de Monte Alto, municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero. La privación de libertad del activista indígena ocurrió a las 2:30 de la tarde de este viernes 17 de julio, lo acusan de secuestro, delincuencia organizada y homicidio.
De acuerdo con el comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Jesús Plácido Galindo se encontraba trabajando la tierra cuando fue citado por el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, a las 4:30 de la tarde en Acapulco.
De inmediato regresó a su casa en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, para asistir a la reunión junto con su esposa. En el camino en un retén militar les marcaron el alto, los bajaron y empezaron a revisar su carro.
El defensor fue rodeado por policías ministeriales, mientras su esposa Aurea fue apartada por militares, pero logró escuchar cuando le leían sus derechos.
Fue un operativo desmedido, integrado por la guardia nacional, el ejército, policía estatal y policía ministerial. Estaba planeada su detención arbitraria. La esposa del defensor relata que Francisco Rodríguez lo citó sin darle un lugar específico para su supuesta reunión. Lo inaudito es que cuando usó el botón de pánico que tiene como medida de seguridad, las autoridades que respondieron le preguntaron en qué lugar iba antes del retén.
A su esposa la dejaron en libertad sin informarle a dónde llevarían a Jesús Plácido. Los militares le pidieron su número de teléfono para estarle informando, pero hasta el momento no sabe de su paradero. A las 4:28 de la tarde los datos básicos de la detención ya estaban en el Registro Nacional de Detenciones y que estaba “en traslado”. Sin embargo, sigue con la incertidumbre porque no sabe dónde lo tienen, sólo se supo que fue detenido por la Fiscalía General de la República.
El defensor comunitario estaba atento por las autoridades comunitarias que desde la madrugada se habían ido a Chilpancingo para llevar peticiones a las autoridades estatales donde señalan a Martín Vega González, titular de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), por desvíos de recursos destinados al ejido de Buenavista para rehabilitación del tramo carretero Arroyo del Mango a Buenavista. También demandaban obras, ambulancias y medicamentos, nombramiento de una prefectura en la Escuela Secundaria Técnica número 227, una preescolar de nueva creación, construcción de la preparatoria y más obras.
“Jesús Plácido creció en la pobreza y la desigualdad en la Montaña de Guerrero. Se forjó al fragor de las luchas de los pueblos indígenas contra los gobiernos colonialistas y etnocidas, al lado de su papá Cirino Plácido Valerio, quien formó parte del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Popular”, se lee en el comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Agrega: “Después de que regresó de Estados Unidos, donde trabajó en la construcción, ocupó cargos comunitarios en Buenavista, terruño de sus abuelos. En agosto de 2015 su papá Cirino logró que unas 30 comunidades se incorporaran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF)”.
Cuando fallece su papá, Jesús Plácido permaneció en las comunidades para seguir organizando a las comunidades indígenas. Por eso del 6 al 11 de mayo cuando se elevó la violencia en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán estuvo denunciando para que las autoridades dieran seguridad a las comunidades porque fueron asesinadas seis personas y más de 800 desplazadas. Algunas siguen en calidad de desplazadas en Alcozacán, mientras otras migraron a los campos agrícolas.
El 26 de junio el Grupo Financiero BBVA México le notificó a Jesús Plácido que había sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, y que tenía que suspender todas sus operaciones o servicios. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas donde solo tenía 280 pesos de fondos.
“A los integrantes del CIPOG les preocupa que la UIF haya preparado el terreno no sólo para criminalizarlo, sino para detenerlos por delitos fabricados desde las más altas esferas. Además, reclaman a las autoridades que integrantes del CIPOG y la CRAC-PF suman 84 personas asesinadas y 25 desaparecidos, pero en lugar de hacer justicia y encontrar a sus desaparecidos los hostigan, los criminalizan y los encarcelan” Tlachinollan.
“Es preocupante la persecución de las autoridades federales y estatales contra los defensores comunitarios. Por eso nos sumamos a la exigencia para que las autoridades brinden información de su detención y salvaguarde su integridad física, y, sobre todo, la libertad inmediata de Jesús Plácido” concluye el documento.
Organizaciones sociales y derechos humanos condenan la detención de Jesús Plácido Galindo
Organizaciones de pueblos originarios y de derechos humanos denunciaron la detención de Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con los comunicados difundidos por la Misión Civil de Observación Sexta y el Congreso Nacional Indígena (CNI), la detención ocurrió alrededor de las 14:30 horas en un retén militar instalado en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero.
Las organizaciones señalaron que en el operativo participaron aproximadamente 40 elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y agentes ministeriales. Según la versión, los agentes detuvieron al defensor indígena, lo esposaron, revisaron el vehículo en el que viajaba y posteriormente lo trasladaron en una camioneta identificada con insignias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sin informar a sus acompañantes el destino ni la autoridad responsable de la detención.
La Misión Civil de Observación Sexta afirmó que durante la detención se le informó a Plácido Galindo que enfrentaba señalamientos por presuntos delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, indicó que hasta la emisión del comunicado no existía información oficial sobre la autoridad que lo mantenía bajo custodia ni un registro público de su detención.
Ambos comunicados señalan que horas antes de ser detenido, Jesús Plácido Galindo había sido citado por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, para sostener una reunión relacionada con la gestión de recursos destinados al reencarpetamiento de una carretera en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. Las organizaciones sostienen que dicha convocatoria habría sido utilizada como una “trampa” para facilitar su detención y responsabilizan políticamente al funcionario por lo ocurrido.
El Congreso Nacional Indígena aseguró además que Rodríguez Cisneros ha sido señalado previamente por presunta colusión con el grupo criminal Los Ardillos y por minimizar la violencia que enfrentan comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. Hasta el momento no se ha dado a conocer una postura pública del funcionario respecto a estos señalamientos.
Las organizaciones también contextualizaron la detención dentro de un proceso de presunta criminalización contra el defensor indígena. Recordaron que en febrero de 2026 le fueron retiradas las medidas de protección que tenía asignadas, pese al riesgo que enfrentaba como integrante del CIPOG-EZ. Posteriormente, añadieron, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias.
De acuerdo con los comunicados, la persecución se intensificó después de que Plácido Galindo denunciara, en distintos espacios nacionales e internacionales, los ataques atribuidos al grupo criminal Los Ardillos contra comunidades del CIPOG-EZ y señalara una supuesta omisión y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno frente a la violencia en la región.
El Congreso Nacional Indígena sostuvo que la situación del CIPOG-EZ se desarrolla en un contexto de violencia prolongada. Según sus cifras, 84 integrantes de la organización han sido asesinados, 25 permanecen desaparecidos y cientos de personas han sido desplazadas forzosamente de sus comunidades.
Ante estos hechos, tanto la Misión Civil de Observación Sexta como el Congreso Nacional Indígena exigieron que las autoridades informen de inmediato sobre el paradero de Jesús Plácido Galindo, garanticen su integridad física y psicológica, respeten sus derechos humanos y el debido proceso, y ordenen su liberación inmediata e incondicional.
Asimismo, solicitaron la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales para dar seguimiento al caso, al tiempo que convocaron a organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación a mantenerse atentos al desarrollo de la situación.
