A las familias jornaleras no sólo se le exprime hasta la última gota de vida en los campos agrícolas, sino que padecen el acceso gratuito a los servicios de salud.
Texto y fotos: Kau Sirenio
Jornaleras y jornaleros denunciaron en el el foro denominado “Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas jornaleras agrícolas”, en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) en la Ciudad de México que las empresas agroindustriales y el Estado mexicano siguen omisos ante la situación laboral en los surcos.
En el foro estuvieron seis jornaleras de Guerrero, Baja California, Sonora y Sinaloa que dibujaron las pésimas condiciones laborales en los campos agrícolas; Sara lo sintetizó con una frase sencillo: “como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, tiempo de la mujer indígena, pero no sabemos cuando va a llegar a la Montaña de Guerrero”, soltó la jornalera proveniente de la Montaña de Guerrero.
De acuerdo con Tlachinollan, el foro fue coordinado por Jessica Rodríguez Balderas, Directora Ejecutiva de Proyectos e Investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Después de realizar un comentario breve sobre la asistencia de una representación de autoridades del Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y jornaleras, pasó el micrófono a los ponentes.
En un comunicado que difundió en Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las quejas llegaron a raudales en contra del gobierno federal, Sara acusó: “Soy inmigrante desde que nací, fui niña jornalera, soy mujer jornalera y creo que me voy a morir siendo jornalera. Desde las rancherías a los campos registrados, el empleador no nos da el seguro social. Nos registra unos meses y luego nos da de baja. Hace una semana mi hija estaba embarazada y se desangró. En el hospital le exigían el seguro social, pero no tiene porque el patrón no le brinda”.
Luego agregó: “Ahorita mi hija está en cama y no le pagan porque no trabaja en los campos agrícolas de Sinaloa. Les pido que nos tomen en cuenta. Las jornaleras somos importantes porque con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, mantenemos al mundo entero”.
Durante el conversatorio las jornaleras agrícolas señalaron que en México acreedor de 2.6 millones de mexicanos trabajos en los surcos para alimentar a los políticos, universitarios, académicos, intelectuales y obreros pero ellos trabajan en situaciones desfavorable.
En su intervención el secretario general de la CISS, Pedro Kumamoto dijo que de acuerdo con el INEGI de 2024, el 90 por ciento de jornaleras y jornaleros no estaba afiliada al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS); que 7 de cada 10 no tenían acceso a algún tipo de salud. Argumentó que el diseño de la Seguridad Social en México está construido desde el centralismo, desde de lo urbano, desde el machismo, sin considerar las características del trabajo del campo, su movilidad, sus tiempos, y sus ciclos.
En su intervención Directora Normativa de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta, reafirmó el compromiso que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con las jornaleras y jornalero agrícolas y pesca el 1 de octubre de 2024, en San Quintín.
Luisa Obrador aseguró que lo promotores salen a territorio a explicar a la población jornalera las programas como: salud, maternidad, guarderías, riesgos de trabajo y prestaciones económicas: “Nosotros estamos comprometidos, por supuesto retomamos las inquietudes desde diferentes puntos de vista, desde la CISS, el tema de la Secretaría del Trabajo, el Congreso de la Unión, desde la academia o desde la base trabajadora”.
A las familias jornaleras no sólo se le exprime hasta la última gota de vida en los campos agrícolas, sino que t padecen el acceso gratuito a los servicios de salud.
Luisa Obrador abundó en su presentación que hace falta asegurar a los trabajadores agrícolas al IMSS. “Este año México estará mandando su informe sobre lo que suscribió en el convenio para que justamente haya seguridad social y visibilizar el trabajo de las compañeras del hogar”. Finalizó con el reforzamiento de la infraestructura hospitalaria y que sólo en los 15 días de marzo contrataron a 11 mil médicos especialistas. Además, dijo que en nuestro país la cobertura es a toda la familia.
Mientras que el titular de la Unidad de Trabajo Digno (UT) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca,señaló que en la informalidad laboral nacional, el 52 por ciento no cuenta con el IMSS: “Hay una informalidad agraria de más del 80 por ciento. A la informalidad no hay que combatirla, hay que reducirla. Debemos de hacer atractiva la formalidad, decir las ventajas y desventajas de la formalidad.
En una “batería de medidas articulan un constructo de política de Estado”, bautiza Alejandro el cómo hacer atractiva la formalidad para seducir a la informalidad. Y luego interroga la realidad de las jornaleras y jornaleros: “qué hacemos con el sector agrario; qué hacemos con el campo que sostiene la seguridad alimentaria de la nación. Cómo hacemos para que ese universo de personas, muchas de ellas mujeres, que sostienen en sus dedos, en sus manos, en sus hombros, en sus espaldas, en sus piernas, la seguridad alimentaria del país”, pero con un trabajo formal y seguridad social.
En el foto la directora ejecutiva de Oxfam México e integrante de la Alianza Campo Justo, Alejandra Haas Paciuc, recapituló el abandono a las personas jornaleras desde hace décadas atrás. Agradeció al secretario general de CISS, Pedro Kumamoto: “Estamos aquí bajo la premisa de que todas y todos tenemos la obligación de ser aliadas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las mujeres jornaleras y sus familias”.
Agregó: “Veo en este foro a mujeres muy jóvenes que han acompañado a sus familias desde pequeñas en el trabajo y han iniciado su vida laboral en los campos. Llevan una vida entera de experiencia trabajando en la producción agrícola para abastecer de alimentos a México y a otros países. Nos encontramos en un momento político clave. Desde la Alianza Campo Justo reconocemos una voluntad política renovada. Iniciativas como el Plan de Justicia para San Quintín, la aprobación del Certificado Laboral Agroexportador y la apuesta del IMSS por los Centros de Educación y Cuidado Infantil, las CESIS, demuestran que es posible mover el engranaje institucional”, dijo la directora de Oxfam México.
Luego anotó, hay enormes retos: “La realidad del 86.6 por ciento de las jornaleras, como lo decía Alejandro Salafranca, que sigue sin afiliación a la Seguridad Social, 7 de cada 10 carecen de servicios de salud. Esta exclusión sistemática golpea aún más a la comunidad jornalera. No podeos dejar a las familias jornaleras fuera de la ley sólo porque migran de un estado a otro. La cobertura universal debe garantizarlo el Estado y el sector agroempresarial tiene la obligación de cumplir”.
Hizo un llamado enérgico a implementar política pública para disminuir las desigualdades. “No hay justicia laboral sin derecho al cuidado, sin protección a la maternidad, sin acceso a la salud y sin garantías de vivir libres de violencia. La agenda de hoy y mañana es vital”.
Por su parte la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Rogelia González Luis expuso la problemática que enfrenta la comunidad jornalera: “Aunque sostiene buena parte de la economía agrícola de México han permanecido históricamente en los márgenes de la protección estatal. Las mujeres jornaleras de Oaxaca, mayoritariamente indígenas, parten de sus comunidades en busca de una vida mejor que el territorio de origen aún no les ha podido garantizar”.
Sostuvo que la migración de las mujeres indígenas no es una opción, sino una respuesta a una marginación extrema. “Migran porque sus territorios han sido castigados por los desastres humanos, por la falta de escuelas o por la carencia de empleos dignos en sus comunidades de origen” sintetizó.
En el foro: las jornaleras, las organizaciones de derechos humanos, y las académicas como Maria Antonieta cuestionaron las fuentes en la mesa de las brechas de información y políticas públicas.
Sostuvieron que no hay estadísticas implementar políticas de Estado dirigida a las familias jornaleras. Los pequeños avances se pierden en los enormes retos que tienen las autoridades federales para cumplir con los derechos constitucionales de las y los jornaleros que, como dice Sara, están en el fondo de las montañas.
