Los soldados son los únicos que en México han cometido crimines casi perfectos, sin dejar huella; como las víctimas de los vuelos de la muerte.
Texto: Emiliano Tizapa, Jesús Guerrero y Arturo de Dios Palma
Foto: Óscar Guerrero
Chilpancingo, Guerrero a 28 de septiembre de 2026.- Dos días después de que se cumplieron 12 años del caso Ayotzinapa, el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo dará un nuevo informe lleno de incertidumbre y en medio de un descontento de las madres y los padres por los avances a cuentagotas.
A estas alturas, ¿qué sentido tiene un informe que no aporte con claridad dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa?
¿Por qué mediatizar el caso sino hay una definición científica, respaldada de pruebas contundentes, de una explicación amplia, profunda y justa de su paradero y de quiénes son los responsables de la desaparición de los 43 y el homicidio de seis personas –entre ellos tres estudiantes–?
El 18 de agosto de 2022 ocurrió un atisbo de que podía existir un camino hacia la justicia. El entonces subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, concluyó a nombre del gobierno federal que los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 eran “un crimen de Estado” por la participación y omisión de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Encinas Rodríguez ratificó lo dicho en un segundo informe el 27 de septiembre de 2023, en el que recalcó tres aspectos relevantes. Primero: que la “verdad histórica” era un mentira construida por autoridades del más alto nivel durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Segundo: que los 43 estudiantes jamás estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses y que tras el análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, fueron divididos en al menos tres grupos y dirigidos a diferentes destinos. Tercero: que participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, autoridades federales, estatales y agentes del 27 y el 41 Batallones de Infantería.
Tres años después, parece todo lo contrario. Hay una percepción de un retroceso al punto inicial de Peña Nieto.
El gobierno de Sheinbaum Pardo parece que pretende reforzar la “verdad histórica”, es decir, la hipótesis de que los estudiantes se dirigieron a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Iguala y esposa del alcalde, el perredista José Luis Abarca Velázquez. Que una vez que policías municipales y estatales detuvieron a los normalistas los entregaron a la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, porque los confundieron con integrantes de un grupo contrario, Los Rojos, posteriormente sus restos fueron esparcidos en el Río San Juan.
El gobierno federal no puede llamar “nueva investigación” a las pesquisas sobre las funerarias y el velatorio de la familia Rueda Mazón en Iguala, bajo la hipótesis de que ahí se hallaron 20 bolsas con restos pétreos etiquetados con fecha de 2014, planteando la posibilidad de que podrían corresponder a restos de los 43, eso no es más que un frágil embuste. Es dar credibilidad a la “verdad histórica” de Peña Nieto.
Hasta el último informe de Encinas Rodríguez, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador afirmó haber identificado pequeños huesos de tres normalistas: de Alexander Mora Venancio supuestamente localizados en el Río San Juan en octubre de 2014; de Christian A. Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz hallados en la Barranca de la Carnicería en noviembre 2019 y octubre de 2020.
Las madres y los padres no han reconocido esas identificaciones al ser solo fragmentos minúsculos de huesos de extremidades. También porque no hay claridad de cómo llegaron esos restos ahí y quiénes y cómo los encontraron. Para las familias, siguen desaparecidos los 43.
Si el reciente informe de Sheinbaum Pardo tuviera resultados indiscutibles, incuestionables e irrefutables, los primeros con el derecho de conocerlos deben ser los familiares de los 43. Este sábado durante el mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, tras la marcha por los 12 años, las madres y los padres afirmaron que desconocen el contenido de dicho informe.
Desde octubre del año pasado, las diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR) se encaminan a responsabilizar solo a agentes y autoridades locales. La detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero y de la expresidenta y exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, respectivamente, son un avance ínfimo.
Las acusaciones por las que están detenidos son endebles. Sus declaraciones se han centrado en la destrucción de videos del Palacio de Justicia, pero esos videos que se presumen fueron destruidos tampoco darían claridad o pondrían fin al caso.
Sin embargo, no es gratuito que desde las más altas esferas del gobierno se busque exonerar al Ejército.
Encinas Rodríguez ha sostenido que: “En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición”.
El segundo informe detalla que los estudiantes “eran objetivo de inteligencia militar de manera regular” desde años atrás y, que los mandos militares no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, quien se encontraba infiltrado dentro de la normal rural.
Ni el gobierno de López Obrador ni ahora de Sheinbaum Pardo han aclarado si López Patolzin era el único agente infiltrado en la normal de Ayotzinapa en esa generación.
¿Por qué las autoridades no han solicitado un informe a las Fuerzas Armadas para que den a conocer desde qué año comenzó a infiltrar a sus soldados como estudiantes de Ayotzinapa? ¿Era López Patolzin el único soldado infiltrado en la normal rural en ese momento?
¿Por qué el Ejército necesitaba infiltrar agentes para espiar a estudiantes de una escuela que forma maestros rurales?
Estás preguntas jamás han sido planteadas en ningún informe oficial, pero podrían guardar relevancia para el esclarecimiento de los hechos.
En la investigación titulada, Estrategias de Contrainsurgencia en México de 1994 a 2006, su autor Luis David Valdéz Juárez plantea cómo el 27 Batallón de Infantería ha estado involucrado en la ejecución de contrainsurgencia en Guerrero.
El 27 Batallón de Infantería aparece en Atoyac en 1970, bajo el mando del entonces coronel Alfredo Cassani Mariña, egresado de la Escuela de las Américas, uno de los militares más sanguinarios porque empleó en la región la Operación Telaraña y Aldea Vietnamita; cometiendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y desplazamiento forzado contra la población.
El relevo de Cassani Mariña fue el General Brigadier Salvador Rangel Medina, originario de San Luis Potosí y con fama por intervenir contra el alzamiento Jaramillista entre los límites de Morelos y Guerrero.
Otro mando que estuvo al frente del 27 Batallón de Infantería fue el teniente coronel Juan López Ortiz, otro egresado de la Escuela de las Américas, quien estuvo al mando de la masacre del mercado de Ocosingo en Chiapas en 1994.
Tras López Ortiz, asumió el cargo el coronel Javier Escobedo Corvera, otro egresado de las Escuela de las Américas, quién operó las últimas estrategias para exterminar con el profesor rural Lucio Cabañas Barrientos y con la persecución de militantes del Partido de los Pobres (PDLP).
Después de la caída del PDLP, el 27 Batallón de Infantería fue asignado a la 35 Zona Militar de Chilpancingo y reubicado a Iguala para operar desde la década de los ochentas.
Valdéz Juárez plantea que justo fue en esa época, cuando el 27 Batallón inició sus nexos con grupos del narcotráfico por su cercanía con la Sierra.
En 2011 al mando del batallón estaba el coronel Alfredo Aponte Carranza, quien en 2009 fue comisionado como director administrativo de la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la disputa entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa.
Con Aponte Carranza los vínculos entre el Ejército y Guerreros Unidos se hicieron más estrechos; el origen de esta organización criminal –escisión de la organización criminal de Los Beltrán Leyva– comenzó con sus fundadores, Cristhian Arturo Hernández Tarín y Cleotilde Toribio Rentería, el primero hijo de Arturo Hernández González, alias “El Chaky Acapulqueño”, quien inició carrera en la policía judicial de Acapulco al mando del entonces coronel Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se integró a combatir lo que quedaba de la guerrilla en Guerrero.
En los años ochentas, Hernández González fue parte del Grupo Palma que coordinaba el policía Guillermo González Calderón, quien mantenía vínculos con el Cártel de Juárez. Ya en los noventas Hernández González había dejado de combatir a la guerrilla y de pertenecer a la policía para sumergirse completamente a la actividad criminal.
Otro dato más, Hernández González contrajo nupcias con la hermana de unos militares de apellido Tarín Chávez, originarios del norte del país, militares que habían colaborado en la Policía Judicial para combatir en Chihuahua y Guerrero a los grupos guerrilleros desde los años setentas.
Es así que su descendiente, Cristhian Arturo Hernández Tarín, según reportes de autoridades federales es identificado como fundador de las organizaciones criminales La Barredora y Guerreros Unidos, esta última vinculada a los hechos de Iguala en 2014.
Es por ello, que las madres y los padres de los 43 exigen que sean desclasificados más de 800 folios que elaboró el Ejército sobre lo ocurrido en Iguala.
La persecución del Ejército a la normal de Ayotzinapa no se puede entender sino como el resultado de una estela que sembró Lucio Cabañas en el temor del Estado Mexicano por la formación política de maestros rurales, que conscientes y con un deseo de imitarlo, se convirtieran en semilleros de revueltas armadas por todo el país.
No es ningún secreto que a las normales rurales de todos los estados, el Ejército las mantenía vigiladas por su sospecha de relaciones con cuadros de estudio cercanos a los movimientos guerrilleros, en el caso de Ayotzinapa al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y posteriormente al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Durante el segundo gobierno de Aguirre Rivero, fue una constante la persecución y el asesinato de líderes sociales que estaban bajo sospechas de relaciones con estas organizaciones armadas, es decir, se entiende que se ejecutaba una operación sigilosa de contrainsurgencia.
¿Por qué a 12 años de Ayotzinapa parece que estamos más lejos de conocer la verdad y de hallarlos?
¿Por qué cada año, se busca librar al Ejército de la desaparición de los 43?
Acaso no los soldados son los únicos que en México han cometido crimines casi perfectos, sin dejar huella; como las víctimas de los vuelos de la muerte.
Entendemos que un nuevo informe sin claridad de dónde están los normalistas y qué pasó con ellos aporta casi nada. El gobierno de Sheinbaum debería retomar el camino hacia la verdad y no hacia un nuevo encubrimiento.
¿Estaremos ante el retorno de la “verdad histórica o ante una nueva narrativa?
El gobierno mexicano debería comenzar por aceptar muchas encrucijadas; entre ellas, la relación del Ejército con el criminen organizado, las operaciones más actuales de contrainsurgencia en Guerrero o que el crimen organizado en algunas zonas del país es una nueva fase de contrainsurgencia.
Chirrionazo
La “unidad” en Morena casi se concreta. Este fin de semana, Esthela Damián Peralta, por fin se reunió con Beatriz Mojica Morga en Acapulco. Sin embargo, algunos de sus seguidores no salieron muy contentos, afirmaron que les pusieron una trampa, que no sabían que ya se encontraba en el hotel donde los citó la ex consejera jurídica de la Presidencia la coordinadora estatal para posar en la foto grupal.
En tanto, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunció su retorno a la presidencia municipal, a pesar de que había jurado que no lo haría. Ella también ya pasó por la foto con Mojica Morga pero desde la Ciudad de México.
Hasta el momento los únicos que faltan son Guadalupe Eguiluz Bautista y Rubén Cayetano García, este último quien llamó el domingo desde un salón de Chilpancingo al estilo peje, a una resistencia pacífica, pero además pidió a la dirigencia nacional reponer el proceso interno.
Cayetano García debería consultar al vidente Gerardo Fernández Noroña para saber si la dirigencia nacional le hará caso; porque desde hace meses en dos eventos, Acapulco y Chilpancingo, Noroña afirmó: “Vengo del futuro y vi que una mujer afromexicana tiene un destino muy prominente en Guerrero”.
Noroña desde hace meses ya sabía el cuchupo sin la necesidad de encuestas.
El material se publicó originalmente en Tlacolol, un medio independiente que se edita en Chilpancingo, Guerrero, se produce con el consentimiento del autor.
