La dignidad no se negocia, no se mendiga y definitivamente, no se sirve en el suelo.
Escribe: Guillermo Álvarez Nicanor*
Fotografía: Guerrero Es
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas debería representar, en cualquier sociedad democrática, un espacio para el diálogo horizontal, la reivindicación de derechos históricos y la celebración de la diversidad cultural. Sin embargo, en el estado de Guerrero, esta fecha se convirtió en el escenario de una de las postales más dolorosas e indignantes de los últimos tiempos. La capital, Chilpancingo, fue testigo de cómo la conmemoración oficial se transformó en un acto de humillación pública, dejando al descubierto las profundas grietas del racismo institucional y el clasismo que aún imperan en las estructuras del poder.
La invitación extendida por el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado, convocó a los integrantes de los pueblos indígenas de Guerrero a “celebrar” su día. ¿El resultado? Cientos de hombres y mujeres, herederos de una riqueza cultural milenaria, terminaron comiendo en las calles. Las imágenes son un agravio a la dignidad humana: personas comiendo de pie, sostenido sus alimentos en las manos, arrodilladas sobre el asfalto o sentadas en las banquetas.
Hagamos un ejercicio elemental de congruencia y ética pública. Imaginemos por un momento que los invitados a este evento no hubieran sido nahuas, me’phaa, ñuu savi o ñomndaa nancue. Pensemos qué habría ocurrido si la convocatoria gubernamental hubiera estado dirigida a las cámaras empresariales, a los legisladores locales o a los altos funcionarios del gabinete. Es evidente que, para ellos, las mesas habrían estado dispuestas en los restaurantes más exclusivos o en fastuosos salones de eventos, con mantelería, cubiertos y todas las atenciones que dicta el protocolo.
Pero como se trataba de las comunidades indígenas, el aparato gubernamental asumió, desde una visión profundamente discriminatoria, que la calle era suficiente. Este contraste no es un simple “descuido logístico” o un error de planeación en la administración pública; es la manifestación física de una asimetría de poder intolerable. Es la confirmación de que, para ciertos sectores del gobierno, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda categoría.
Desde la perspectiva de la ética institucional y la responsabilidad social del Estado, este tipo de acciones anulan cualquier discurso oficial sobre la inclusión. No se puede hablar de desarrollo comunitario, de respeto a la interculturalidad o de derechos indígenas en los foros públicos, si en la práctica cotidiana se despoja a las personas de su dignidad más básica. Invitar a alguien a tu casa para darle de comer en el suelo no es un acto de hospitalidad; es un acto de desprecio.
Históricamente, los pueblos originarios de Guerrero han resistido el abandono, la marginación y la violencia. Son sujetos de derecho público, no objetos de asistencia social ni escenografía folclórica para la fotografía de los políticos en turno. La verdadera política pública exige un trato de iguales. Requiere que las instituciones asuman su responsabilidad de garantizar no solo los derechos territoriales y lingüísticos, sino el derecho inalienable al respeto.
La conmemoración del 9 de agosto no necesita de dádivas arrojadas desde el privilegio. Lo que los pueblos de Guerrero exigen —y merecen— es justicia, equidad y un asiento en la misma mesa donde se toman las decisiones. Mientras el Estado siga confundiendo el paternalismo con la política pública, y mientras normalice dar de comer en las banquetas a quienes son los verdaderos dueños de esta tierra, cualquier discurso de transformación no será más que una dolorosa simulación.
La dignidad no se negocia, no se mendiga y, definitivamente, no se sirve en el suelo.
*Investigador Nahua
