La sentencia en contra de la minera Penmont cobra relevancia en el país por ser la primera que obliga la reparación del daño ecológico y la entrega del oro que se extrajo del ejido El Bajío, municipio de Caborca, Sonora.
Texto y fotografías: Kau Sirenio
El ejido El Bajío obtuvo una sentencia inédita en contra de la empresa minera Penmont de Alberto Bailleres. Esta resolución enfureció a la familia Bailleres al grado qué, movieron todas sus fichas en el Senado de la República para que echaran al magistrado que resolvió la demanda de los ejidatarios del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Hermosillo, Sonora. Así sucumbió el poder político ante el poder económico en el país.
A pesar que la resolución se emitió en junio de 2014, hasta ahora no se ha ejecutado debido a que el TUA número 28, de Hermosillo, Sonora, no ha reabierto el incidente, así como lo estableció el ex magistrado Manuel Loya Valverde. La razón, los magistrados han sido removidos una y otra vez lo que impide que conozcan a fondo el caso.
La sentencia que emitió Loya Valverde establece que el TUA tiene que nombrar peritos en minería, ambiental, ecológico, contables, y otros para identifiquen y cuantifiquen los daños ocasionados por la minera Penmont con el fin de que reparen el entorno ejidal en el estado en que se encontraba antes de que se instalaran en el ejido El Bajío.
Sergio García Camacho del despacho jurídico García más García abogados, representante de los ejidatarios de El Bajío, dice que de la sentencia no se ha resuelto porque el gobierno federal no ha ejecutado la sentencia: “En 2013 y 2014 el TUA resolvió a favor del ejido que representamos y ordenó a la minera Penmont S.A. de R.L. de C.V. la reparación del daño. A pesar de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el fallo en los 67 juicios a favor del ejido El Bajío, Caborca, Sonora, mediante dos juicios de amparos”.
García Camacho, agrega: “La sentencia que resolvió el TUA en el expediente 495/2013, el 9 de junio de 2014 en contra de minera Penmont S. de R.L. de C.V. estableció: Se declara la nulidad absoluta e inexistencia jurídica de todos los convenios de ocupación previa a expropiación firmados a título personal por todos y cada uno de los ejidatarios; Se condena a la demandada por el inmediato restablecimiento de las cosas el estado que guardaban dentro de las unidades parcelarias materia de los convenios declarados nulos así como de las tierras de uso común propiedad del núcleo ejidal en cita, lo mismo que del área en posesión de dicho ejido”.
Por su parte, el primer comisario del ejido El Bajío, Simón Santiago Morales dijo que el caso de su ejido pudo más el dinero que el poder político: “Hasta ahora no se ha resuelto nuestra demanda porque Alberto Bailleres pudo comprar a los senadores para que no ratificaran al ex magistrado Manuel Loya Valverde. Solo así pudieron detener que su cumpliera la sentencia. Aun así, esperamos que el gobierno federal resuelva de una vez por toda nuestra demanda”.
La sentencia en contra de la minera Penmont cobra relevancia en el país por ser la primera que obliga la reparación del daño ecológico y la entrega del oro que se extrajo del ejido El Bajío, municipio de Caborca, Sonora.
Hace 12 años, El Bajío ganó en tribunales su derecho a la tierra, luego de que la minera destruyera miles de hectáreas con una mina a cielo abierto. La justicia ordenó restaurar el territorio dañado y pagar el oro robado, pero Fresnillo PLC desacató las sentencias del Tribunal Agrario.
“Antes de cumplir la ley, prefieren robar de nuevo el territorio, ahora con el respaldo del crimen organizado”, señaló el abogado de los ejidatarios, Sergio García.
La SEMARNAT declaró el ejido El Bajío como área natural protegida en noviembre de 2023, a petición de los propios ejidatarios, como medida de protección frente a una nueva concesión minera. En ese momento, la familia Baillères ya contaba con una concesión en el ejido para explotar la mina Penmont, y existían daños ambientales causados por la minería a cielo abierto, como la destrucción del único cerro del lugar.
Una vez declarado zona protegida, la SEMARNAT puso en marcha el programa Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), y la CFE firmó un acuerdo para resarcir los daños ocasionados en esa zona de Sonora por el parque de paneles solares más grande de América Latina, inaugurado el 17 de febrero de 2023.
La medida, aseguraron las autoridades, tenía la finalidad de garantizar la viabilidad comunitaria en el ejido El Bajío e incluía una transición energética justa, herramienta, mantenimiento y soporte técnico; sin embargo, todo esto quedó en total abandono.
En entrevista con TatyiSavi el jurista dijo que esta acción es la tercera vez que intentan ingresar al ejido; la primera fue el 12 febrero de 2018, cuando mataron a Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez por defender la tierra, hasta ahora no hay justicia para ellos; y la segunda incursión fue el 2020.
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Sergio García Camacho dice que lo inédito de la sentencia que emitió Loya Valverde es que obliga a la minera a devolver el oro que se llevaron: “Tan es así, que los Bailleres movieron todas sus influencias para que el senado no ratificara al ex magistrado. El fondo de todo esto es la soberbia. Un empresario acostumbrado a imponerse en todas las esferas del poder, ahora sea vea acorralado a cumplir con una resolución”.
El representante legal cita parte el veredicto agrario: “La reparación tiene que empezar con la restauración de sus cerros, montes, agua, aire, flora y fauna que antes existían, libre de toda contaminación provocada en forma directa o indirecta por las actividades de la minera de manera personal o a través de terceros que puedan hacerlo”.
Agrega: “No solo eso, sino que obliga a la minera: ‘De igual manera debe realizarse el restablecimiento de las cosas a su estado anterior en las tierras de uso común del ejido; La minera es condenada a regresar a su lugar de origen todo el oro y demás minerales que extrajo de las tierras del ejido por virtud de los contratos que se anulan, al ejido por ser el propietario de las tierras; Se condena a la minera a pagar a cada ejidatario en particular una renta anual por el tiempo de ocupación ilegal de su parcela desde su inicio y hasta que el tribunal declare concluido el juicio lo cual no ha acontecido hasta esta fecha”.
En el juicio agrario del ejido El Bajío, consta que la Minera Penmont, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable trató de impedir la anulación, desocupación y entrega o restitución de los bienes o derechos que convinieron con un grupo de tres ejidatarios.
Lejos de resolver a la petición de la minera, Loya Valverde estableció su criterio en base a un depositario judicial: “El depósito judicial de la tierras decretado a favor del ejido en los juicios 188/2009 y 628/2009 lo mismo que las medidas cautelares ahí decretadas siguen vigentes hasta que la minera concluya y así lo declare el tribunal, que ha cumplido con el restablecimiento de todas las cosas materia de este juicio al estado que guardaban antes de la ocupación ilegal a través de los contratos declarados nulos e inexistentes en este juicio; Quedan las partes en libertad de celebrar acuerdos de voluntades a través del cual consideren satisfechos sus respectivos intereses”.
García Camacho cuestiona la responsabilidad del Tribuna Superior Agrario su responsabilidad en la no ejecución de la sentencia en contra de la minera Penmont: “A meses de que se cumplan siete años, que el TUA número 28, de Hermosillo, Sonora, resolvió a favor de mis representados, esto no se ha llevado a cabo, porque el Tribunal Superior Agrario a evadido su responsabilidad esencial en todo el proceso judicial. La sentencia no ejecutada es igual a justicia denegada”.
En entrevista con el ex magistrado Manuel Loya Valverde reconoció que le sentencia es única en el país: “La minera esperaba que lo favoreciera con mi sentencia. Sin embargo, esto no fue así, y como consecuencia el Senado de la República no me ratificó. Sé que Penmont intervinieron para que yo quedara fuera, porque recibí presión política de los senadores del PRI y PAN cuando estábamos por resolver en junio de 2014”.
Agrega: “Lo que más le pesó a la minera es que haya ordena que regresaran el oro que extrajeron del ejido y regresaron los cerros tal como se encontraban antes de que ocuparan el ejido de manera ilegal. Además, les dolió que le haya dado razón conforme a derecho a los campesinos cuando la familia Bailleres está acostumbrado comprar a jueces y magistrado. En mi caso no fue así. A pesar que fui propuesto por el presidente de la república, no me ratificaron con el argumento de que no tenía récord de capacitación profesional”.
