La movilización de 1992 no se restringió a la agenda agraria y ambiental. Al marchar de manera unificada con los pueblos nahuas, me’phààs, na savis y ñomndaas, cuestionamos de raíz la narrativa oficial del “Encuentro de Dos Mundos” promovida por la Corona española y el Estado mexicano.
Escribe: Guillermo Álvarez Nicanor
Fotografía: Kau Sirenio
Era la tarde del 2 de octubre de 1992. Salimos de Chilpancingo con la lluvia a cuestas y la historia sobre las espaldas. Éramos un contingente modesto —no llegábamos a cien personas— integrado por hermanos indígenas de la Montaña Baja, la Costa Chica y la Montaña Alta de Guerrero. Previo al inicio del trayecto, nos organizamos para marchar por las calles de la capital del estado en señal de protesta por la masacre del 2 de octubre de 1960 en Tlatelolco de la ciudad de México y contra la conmemoración oficial del Quinto Centenario, para luego emprender la caminata por la carretera federal rumbo a Iguala de la Independencia.
A pesar de la hora avanzada, decidimos no postergar la marcha. Al alcanzar la cabecera municipal de Zumpango del Río (Eduardo Neri) y comenzar el ascenso por la cuesta que conduce a la paraje de Tierras Prietas, la crudeza de nuestra condición se hizo evidente: muchos compañeros —hombres, mujeres y niños— caminaban descalzos sobre el asfalto. Ante esta situación, mi compadre Marcelino Díaz me sugirió regresar con los fondos recabados en un boteo carretero para adquirir huaraches para los marchantes. Cumplida la encomienda, los alcancé más adelante en el camino.
Esa primera noche pernoctamos en Zumpango gracias al apoyo de Alejandro, un militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien nos gestionó un refugio improvisado. En el suelo frío, arropados apenas por alguna sábana, un suéter o la sola resistencia del cuerpo, acomodamos el cansancio para retomar la marcha al amanecer.
Al día siguiente reanudamos la caminata alternando tramos a pie con traslados en los vehículos que accedían a llevarnos. Tras salvar los sinuosos devenires de la Cañada del Zopilote, arribamos a Mezcala, comunidad con una histórica militancia social encabezada entonces por la Sra. Lucila Ferrer Chino. La población nos recibió con alimento y vitoreos; su calidez inyectó una profunda fortaleza moral al contingente, consciente de los cerca de ocho días de trayecto a pie que aún restaban por la carretera libre.
“Mezcala no solo representaba la puerta de entrada a la región indígena del Alto Balsas; era ya el símbolo del extractivismo depredador en Guerrero.”
En esta zona, las empresas mineras de capital canadiense extraen oro a cielo abierto a costa de la devastación ecológica. El uso indiscriminado de cianuro no solo ha inhabilitado el agua para el consumo humano, sino que ha envenenado los mantos acuíferos y destruido la flora y fauna local. Todo esto ha ocurrido bajo la complacencia de las instituciones gubernamentales que, al favorecer los intereses de las corporaciones privadas, han condenado a la población a una paulatina degradación de sus condiciones de vida.
A partir de Mezcala se despliega la cuenca indígena del Alto Balsas, cuyo curso fluvial conecta río arriba con el estado de Puebla. Sobre esta cuenca, el Gobierno Federal proyectaba la construcción de la Presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo. Un megaproyecto que contemplaba la inundación de 22 comunidades nahuas —incluida mi tierra natal, San Miguel Tecuiciapan— y el desplazamiento forzado de sus habitantes hacia zonas altas y áridas. El movimiento de resistencia contra la hidroeléctrica —que hoy cumple 36 años de trayectoria desde sus inicios formales en octubre de 1990— desplegó intensas jornadas de información, boteos, plantones y movilizaciones. Asimismo, logró articular un amplio respaldo nacional e internacional mediante cartas de solidaridad emitidas por intelectuales, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.
Rumbo a la Ciudad de México, acompañé la marcha hasta la comunidad de Lázaro Cárdenas del municipio de Tepecoacuilco, acudí a Managua, Nicaragua, comisionado por el Consejo Mexicano como delegado del movimiento indígena de México al III Encuentro Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Aquella reunión no fue un simple foro deliberativo; constituyó la convergencia de miradas, dolores y esperanzas de delegaciones provenientes de toda América y de defensores de la dignidad humana de otros continentes.
Caminar por las calles de Managua al lado de referentes como Rigoberta Menchú, Sergio Sarmiento y Gilberto López y Rivas significó constatar que la causa de nuestros pueblos indígenas formaba parte de un torrente continental indetenible. Durante aquellas jornadas marchamos para gritarle al mundo que no había nada que festejar, pues quinientos años de despojo y genocidio no se borran con discursos gubernamentales. En ese espacio fraterno, no solo compartimos la exigencia de la cancelación de la Presa San Juan Tetelcingo que librábamos en el Alto Balsas, sino que ayudamos a tejer una alianza de solidaridad que transformaría el mapa político del continente. Volví a México con la certeza absoluta de que la lucha comunitaria local es, en esencia, la columna vertebral de la dignidad continental.
La culminación del esfuerzo, contra la presa hidroeléctrica, ocurrió el 13 de octubre de 1992, cuando el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, ratificó la cancelación definitiva de la obra. El ejecutivo federal estampó su firma en el mismo documento que meses atrás había emitido el gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu. No obstante la victoria, las comunidades asumimos una postura de alerta permanente en defensa del territorio, al tiempo que encauzamos la lucha hacia el desarrollo integral de la región.
La movilización de 1992 no se restringió a la agenda agraria y ambiental. Al marchar de manera unificada con los pueblos nahuas, me’phààs, na savis y ñomndaas, cuestionamos de raíz la narrativa oficial del “Encuentro de Dos Mundos” promovida por la Corona española y el Estado mexicano.
Para las naciones originarias no había nada que celebrar: el 12 de octubre de 1492 marcó el inicio de cinco siglos de saqueo, masacres, despojo territorial y subordinación cultural. Un genocidio histórico que, bajo distintas modalidades institucionales y discursos de buena fe, ha perpetuado la marginación de los pueblos originarios.
A 36 años de distancia, resulta imperativo rendir homenaje a quienes sostuvieron la dignidad comunitaria y señalar, con rigor histórico, las posturas de sometimiento. Mientras amplios sectores mantuvieron la firmeza, existieron también grupos alineados con el partido oficial (el viejo PRI) que se manifestaron a favor de la presa a cambio de indemnizaciones por sus fincas, tierras y bienes, rindiendo pleitesía a las autoridades gubernamentales.
La memoria de la marcha de 1992 y la defensa del Alto Balsas trascienden la simple anécdota del pasado. Constituyen la prueba histórica de que la articulación comunitaria tiene la capacidad de frenar la devastación territorial impuesta desde las élites. A casi cuatro décadas de aquellas jornadas, el ejemplo de nuestros antecesores y compañeros caídos nos obliga a mantener la vigilancia sobre nuestros ríos, nuestras tierras y nuestros derechos fundamentales. La resistencia no ha concluido; se transforma y reafirma en cada generación que decide no doblegarse.
