Escribe: Ulises Domínguez
Fotografía: Presidencia de la República
El gobierno de la República y su partido configuraron en días recientes un par de mensajes que conducen inevitablemente a la lectura de que el proyecto de transformación del país iniciado por Andrés Manuel López Obrador para sacar de la Presidencia a la derecha, a fin de instaurar un modelo de gobierno que cumpliera la consigna de que «por el bien de todos, primero los pobres», ha quedado truncado.
Parafraseando la célebre obra de Adolfo Gilly, se puede decir que la 4T corre el riesgo de quedar como la transformación interrumpida. En lugar del ambicioso proyecto obradorista, se impulsa ahora una operación electoral pragmática que le permita al partido oficial conservar el poder por el poder.
El primero de estos mensajes lo mandó el partido oficial con la designación de sus candidatos –decir «coordinadores de la transformación» es un eufemismo que normaliza una ilegalidad– para las diecisiete gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027.
La mayoría de estos nombramientos dejó inconformes a los aspirantes perdedores –lógico, por ver sus ambiciones de poder truncadas– y muy decepcionado a un amplio sector de la militancia morenista, por tratarse de perfiles que no corresponden a los principios y valores que en el papel y en el discurso enarbola el Morena.
Al más puro estilo mercenario, a la hora de decidir quiénes serán sus generales en las batallas del 2027 por los poderes estatales, ya no importa si éstos son fieles o no a los postulados del partido. De lo que se trata es de poner al frente de sus ejércitos a quienes, «haiga sido como haiga sido», se levanten con la victoria.
La propia presidenta de la Comisión de Elecciones del Morena, Citlalli Hernández Mora, ha declarado que los virtuales candidatos y las virtuales candidatas son cuadros «muy competitivos»; obviamente, se refiere sólo a lo electoral. Porque no dijo nada acerca de si estos personajes tienen la probidad que le permita a la cúpula morenista seguir instalada en esa superioridad moral desde la que le restriega a la oposición «no somos iguales».
Cómo no han de ser competitivos estos cuadros, si la mayoría son politicastros que han estado por años en la grilla de los partidos del prianredismo y han ocupado cargos y puestos de elección popular, espacios desde los que armaron estructuras y clientelas políticas. En el caso Guerrero, Beatriz Mojica fue diputada federal hace más de dos décadas, fue integrante del gabinete de Ángel Aguirre, fue candidata a gobernadora en 2015 y a senadora en 2018 y 2024, fue diputada local y fue dirigente nacional del PRD.
En estos momentos, el Morena no tenía necesidad de echar mano de personajes cuestionables para, supuestamente, tener más posibilidades de ganar las gubernaturas. En la mayoría de los estados, los números le alcanzan para ganar con un candidato que aunque no fuera tan conocido y no estuviera tan fogueado en las lides electorales, fuera más aceptado por las bases morenistas.
El analista Juan Carlos Loera, en un artículo titulado «Transformación sí, pero con principios», publicado este domingo 4 de octubre en el Diario.mx, advierte: «Conviene recordar algo muy sencillo. Antes de tener gobiernos, Morena tuvo militantes; antes de tener estructuras, tuvo organización. Antes de tener recursos, tuvo principios. Y antes de tener millones de votos, tuvo miles de personas tocando puertas. Transformación, sí; pero sin abandonar los principios».
El otro mensaje se refiere al caso Ayotzinapa, en el que se observa una línea que viene desde el sexenio de López Obrador para exculpar desde la presidencia de la República al Ejército de toda responsabilidad en lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero; o sea, la muerte de tres normalistas y la desaparición de otros 43 estudiantes, sin olvidar a tres personas más que fueron asesinadas aquella infausta noche.
En su conferencia matutina del 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, no era un infiltrado del Ejército en la Normal guerrerense. A pregunta de una reportera, la mandataria contestó: «…no necesariamente es infiltrado; era estudiante de Ayotzinapa; y pertenecía al ejército mexicano. Pero no necesariamente era un espía. Estaba estudiando en Ayotzinapa».
Llama la atención la seguridad de la mandataria, porque el caso de López Patolzin está más que documentado; incluso, con documentos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que detallan, desde su pertenencia a la institución castrense, hasta los informes, con fecha y hora, que el estudiante enviaba a sus superiores. Por cierto, el último reporte del soldado López Patolzin, lo envió el mismo 26 de septiembre de 2014 a las 11:30 am.
El caso de la infiltración de Julio César López Patolzin lo tiene muy documentado Alejandro Encinas Rodríguez, quien fuera el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), instancia creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Encinas presidía la Covaj en calidad de subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en la Secretaría de Gobernación.
El 12 de julio de este año, hace menos de tres meses, el ahora representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (OEA) publicó en sus cuentas de Facebook y X, antes Twitter: «El soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), “con fachada de alumno”, en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales».
En la misma publicación aparecen la imagen de la cédula de adscripción a la Sedena de López Patolzin, así como documentos en los que se describen sus actividades como OBI, una de las cuales está fechada a las 11:30 am de ese 14 de septiembre de 2014.
En la publicación de Encinas, aparece un video de la Segob –el 4 de una serie de 5 titulada «Ayotzinapa / Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa»–, de 1:44 minutos de duración, en el que se menciona que «ese día en la mañana (Julio César López Patolzin) mandó el último reporte a su mando superior. Es decir, la autoridad militar en Guerrero tuvo conocimiento de lo que estaba pasando en Iguala; los estudiantes eran vigilados en todo momento…».
Queda, pues, evidenciado que la presidenta negó lo evidente, contradijo los informes oficiales de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, así como los documentos revelados por la Sedena que demuestran que López Patolzin era un soldado en activo que funcionaba como informante desde la normal rural de Ayotzinapa.
La presidenta se metió en un embrollo que la deja muy mal parada. No tenía necesidad de mentir. Si ya había asegurado que en su gobierno no se practica la infiltración militar, no tenía caso tratar de borrar culpas de gobiernos del pasado que hoy son sus acérrimos rivales.
Pero si el hecho de que la presidenta niegue la infiltración del Ejército en Ayotzinapa no es suficiente para mostrar la decisión del gobierno de la 4T de encubrir al Ejército, el giro que se le dio a la investigación del caso no deja lugar a dudas.
A raíz del arresto del exgobernador Ángel Aguirre, la presidenta informó que las cuatro nuevas líneas de investigación del caso, se realizan con nuevos «mecanismos, nuevas metodologías científicas y técnicas».
Y aseguró: «Lo que sí puedo decir es que la fiscalía está haciendo un gran trabajo y que hay muchas personas que están trabajando para poder llegar a la verdad y a la justicia».
La contradicción es que ni las cuatro nuevas líneas de investigación con métodos científicos ni el «gran trabajo» de la fiscalía «para poder llegar a la verdad y a la justicia» incluyen al Ejército.
Pero todavía hay otro elemento más que evidencia la línea del gobierno 4T para exculpar al Ejército del caso Ayotzinapa. Se trata de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre este caso, emitida el 9 de julio de este año, en la que concluye que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en la desaparición de los 43 normalistas.
La recomendación, de más de 860 páginas, va dirigida a veintidós autoridades, pero no a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En síntesis, se puede decir que con un partido que parece no entender que «el fracaso de la izquierda en todo el mundo es convertirse en partidos electorales y olvidarse de que solo son realmente eficaces como partido movimiento», y con un poder Ejecutivo que se somete al Ejército de la misma forma que se sometían el PRI y el PAN, la 4T cuando mucho alcanzará la categoría de transformación interrumpida.
El Morena deberían verse en los espejos de Colombia y de Brasil.
