Autoridades indígenas que participaron en la consulta señalaron una serie de dificultades para comprender el lenguaje jurídico, así como limitaciones de tiempo, problemas de traslado y diferencias entre variantes lingüísticas
Texto y fotografías: Karla Quintana/ Raichali
San Ignacio de Arareco, Bocoyna – Para algunas autoridades indígenas que participaron en la primera jornada de consulta en Chihuahua de la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, las principales dificultades fueron conocer el contenido de la propuesta, comprenderla, discutirla y trasladarla a las realidades de sus comunidades. La segunda y última consulta en el estado será el vienes 21 de agosto en la cabecera municipal de Guachochi.
La iniciativa, integrada por 453 artículos y 11 artículos transitorios, está contenida en un cuadernillo de 208 páginas y se divide en ocho libros que abordan desde el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, hasta la libre determinación y autonomía, los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, así como responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y el juicio de amparo indígena y afromexicano.
Pero para quienes acudieron a las mesas de trabajo, revisar un documento de esa dimensión en una jornada de consulta representó un desafío.
“Muchas palabras no las entendemos, no las usamos nosotros”, explicó María del Rosario Casavantes, gobernadora warijio de la comunidad de Arechuyvo, municipio de Uruachi, quien también participó en el consejo técnico que trabajó en la construcción de la iniciativa. “Pues ahí nos quedamos mucho, porque no entendemos. Si no preguntamos, pues no entendemos nada”.
Casavantes señaló que una parte de la dificultad estuvo relacionada con los términos utilizados en el documento y con la necesidad de preguntar cuando algún concepto no resultaba comprensible.
Benito Álvarez, gobernador pima de la comunidad de Mesa Blanca del municipio de Madera, explicó que parte del proceso ha consistido en llevar la información a las comunidades y generar espacios para que las autoridades puedan conocer el contenido de la propuesta.
Recordó que acudieron a la comunidad de Yepachi, en el municipio de Temósachi, donde se reunieron gobernadores de distintas comunidades pimas de Madera y Temósachi, además de integrantes del pueblo rarámuri, para dialogar sobre el proceso.
Sin embargo, Álvarez señaló que el contenido jurídico no siempre es sencillo de trasladar al lenguaje cotidiano de las comunidades.
“El libro trae muchas estrategias jurídicas que son términos que muchas veces no entendemos”, dijo. Por ello, consideró necesario consultar y buscar formas de explicar los contenidos para que puedan ser comprendidos de acuerdo con las formas de hablar y entender de cada comunidad.
Álvarez explicó que, desde su experiencia, la propuesta requiere un proceso de explicación y capacitación para que las autoridades puedan posteriormente transmitir la información en sus comunidades.
“Para mí, explicar a la comunidad hasta ahorita nosotros tenemos que ir haciendo concientizando a las comunidades. Porque no es fácil que llegues y que sueltes un tema jurídico”, señaló.
El gobernador pima añadió que las propias autoridades tradicionales necesitan capacitarse y acudir a las asambleas para ir comprendiendo el contenido y posteriormente transmitirlo a sus comunidades.
También se refirió al tiempo disponible para participar en las reuniones.
La consulta coincidió con responsabilidades comunitarias y actividades productivas. Álvarez explicó que durante la temporada de siembra las autoridades tienen compromisos que hacen difícil abandonar sus comunidades para acudir a reuniones.
“El tiempo sí es poco. Ahorita todos tenemos nuestros compromisos y nuestras obligaciones en nuestras comunidades”.
Este material fue publicado originalmente en raíchali.com se reproduce con la autorización de la redacción.
