El verdadero juicio aquí no es contra un defensor en particular, sino contra un sistema de justicia que sigue operando como el brazo armado del caciquismo local.
Editorial
En Guerrero, la justicia no camina con huaraches; camina con botas militares y con la sincronía de una trampa gubernamental bien definida. La detención de Jesús Plácido Galindo, vocero del CIPOG-EZ e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), no es un hecho aislado de pulcritud judicial. Es el reflejo perfecto de un Estado que prefiere encarcelar a los defensores del territorio antes de tocar las estructuras criminales que desangran la región de la Montaña y el Centro del estado.
El guion es viejo y conocido por los pueblos plurinacionales. Horas antes de su captura en un retén militar en San Marcos, Plácido Galindo iba a una reunión con altos el Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros del gobierno estatal para abordar demandas comunitarias. En el camino, la simulación democrática se desmoronó: incomunicación inicial, la incertidumbre total de su paradero compartida por colectivos de derechos humanos y, finalmente, el clásico comunicado conjunto de la Sedena y la Fiscalía. En cuestión de horas, el activista que exigía escuelas, hospitales y seguridad frente al acoso del grupo civil-criminal Los Ardillos fue transformado mediáticamente en un delincuente de alta peligrosidad.
Las autoridades le imputan un homicidio calificado que data de 2021. Resulta inverosímil que la justicia guerrerense, caracterizada por un rezago y una impunidad sistemáticos en miles de homicidios y desapariciones de comuneros, guardara bajo la manga una orden de aprehensión para ejecutarla justo cuando Plácido Galindo incomodaba más con sus denuncias de colusión oficial. Para apuntalar el linchamiento público, la narrativa institucional lo vincula apresuradamente con grupos delictivos antagónicos como Los Rojos o Los Tlacos. Es la vieja técnica de enturbiar el agua: asociar la legítima defensa comunitaria con la disputa por el control territorial de los cárteles.
A este linchamiento se sumó uno de los aliados del grupo criminal, el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza no solo juzga desde el púlpito, sino que sentencia y criminaliza la resistencia indígena en Guerrero. Al señalar de manera estridente a Jesús Plácido Galindo como líder guerrillero y aliado del crimen organizado, el jerarca católico reproduce los viejos discursos coloniales y oficiales que buscan deslegitimar la legítima defensa de los pueblos originarios. Sus declaraciones operan como un tribunal mediático que, en lugar de abonar a la paz institucional que tanto pregona, aviva la hoguera de la persecución y justifica el acoso estatal en contra de la dirigencia comunitaria del CIPOG-EZ.
Mientras las cuentas de banco de Jesús Plácido —cuyo saldo total apenas sumaba unos cuantos pesos, según documentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan— eran congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las economías criminales reales florecen intactas a la vista de los cuarteles. Esta disparidad desnuda el fondo del asunto: el uso selectivo del derecho penal para castigar la disidencia y la organización comunitaria autónoma.
Guerrero insiste en apagar el fuego echándole más leña. La persecución de Jesús Plácido Galindo no debilitará la resistencia comunitaria en los corredores acosados por la violencia; por el contrario, ahonda la desconfianza histórica de los pueblos nahuas, ñuu savis, me’phaas y nancue ñomndaas hacia las instituciones que juran protegerlos. La democracia no se consolida tras las rejas de los penales ni sembrando infundios contra los representantes comunitarios. El verdadero juicio aquí no es contra un defensor en particular, sino contra un sistema de justicia que sigue operando como el brazo armado del caciquismo local.
