El Comité Técnico Asesor perfila el documento normativo tras su octava sesión; el texto se llevará a discusión directa en más de 17 mil comunidades del país.
Escribe: Kau Sirenio
Fotografías: Cortesía
CIUDAD DE MÉXICO. – Tras un largo proceso de construcción colectiva, el Comité Técnico Asesor concluyó su octava sesión de trabajo con una propuesta consensuada para la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El texto normativo —diseñado con la participación de especialistas, integrantes de comunidades y representantes de gobierno— se encamina ahora a un proceso de diálogo y consulta a lo largo del territorio nacional.
Esta legislación busca reglamentar las reformas recientes al artículo 2° de la Constitución Mexicana. De acuerdo con defensores y especialistas, la urgencia de esta ley secundaria radica en detener la incertidumbre jurídica sobre conceptos clave como la autonomía, los sistemas normativos propios, la protección de lugares sagrados y el patrimonio cultural, evitando que queden supeditados únicamente a criterios de jueces.
El reto de la iniciativa será la validación comunitaria. Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), detalló que la consulta nacional constará de dos ejes fundamentales: “Difusión masiva: Llevar los materiales informativos sobre la propuesta de ley a aproximadamente 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país”.
Agregó: “Asambleas territoriales: Realizar un proceso de diálogo directo en las regiones para recoger las propuestas, observaciones y modificaciones desde las bases”.
Por su parte, Víctor Toledo Llancaqueo, director general de Consultas y Participación de la Secretaría de Gobernación, confió en que este texto sea el definitivo para arrancar el despliegue en campo. Asimismo, Esteban Martínez Mejía, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, reconoció el esfuerzo por construir un modelo que busca resarcir las deudas históricas que el Estado mantiene con los pueblos originarios.
Desde la perspectiva comunitaria e internacional, Saúl Vicente Vázquez, experto del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la ONU, recordó que este avance se respalda en estándares globales, principalmente en el derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado.
En ese sentido, la senadora Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, enfatizó que este marco jurídico no es una concesión institucional, sino el resultado de generaciones de lucha, resistencia y sacrificio. Sostuvo que el verdadero desafío legislativo será garantizar que la ley no se quede en el papel y se aplique de forma efectiva en la vida cotidiana de las comunidades.
Finalmente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, apuntó que la reforma al artículo 2° exige un cambio estructural para replantear todo el sistema jurídico mexicano bajo una visión plurinacional, obligando a las instituciones a coordinarse bajo la premisa de que cualquier transformación legal debe nacer y consultarse directamente con los pueblos.
