Los estudiantes normalistas no tuvieron más alternativa que irrumpir en la caseta de Tlalpan a las 12 del día y avanzar 300 metros, pero no pudieron pasar el fuerte dispositivo policial.
Texto y fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Ciudad de México, a 12 de junio del 2026. En el quinto día de la jornada de lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el gobierno federal desplegó sus fuerzas policiacas para cercar nuevamente a los estudiantes normalistas que se dirigían a la Secretaría de Gobernación para concluir su movilización en exigencia de la presentación de los 43 jóvenes.
Las madres y padres habían planteado reunirse con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa para exigir la entrega de los 853 folios que el ejército mexicano ha ocultado, así como avances en las investigaciones, la agilización de las extradiciones de Tomás Zerón y de Ulises Bernabé, profundizar en la línea de investigación de los 17 jóvenes normalistas que fueron llevados a barandilla municipal de Iguala y ahondar en la línea de investigación de la telefonía celular, porque en las últimas diligencias no arrojan datos que den certeza del paradero de los 43. Sin embargo, las autoridades no estuvieron abiertas a establecer un diálogo con las familias; por el contrario, no dejaron pasar a los normalistas en la caseta de Tlalpan.
Para don Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, el montaje de Claudia Sheinbaum no sólo es por “cerrazón, indolencia, sino por autoritarismo”. En los cinco días que los padres y madres tenían planeado movilizarse, el gobierno les cuarteó el derecho.
Lo peor de todo es que Arturo Medina, quien preside la Covaj, fue el primero que no dejó pasar a las madres y a los estudiantes. Los maestros y maestras, colectivos de desaparecidos, buscadoras y estudiantes lograron realizar sus movilizaciones entre las botas y escudos de los antimotines, pero a las madres y padres de los 43 no les dieron margen siquiera de pegar los rostros de sus hijos en la calzada de Tlalpan.
Los estudiantes normalistas no tuvieron más alternativa que irrumpir en la caseta de Tlalpan a las 12 del día y avanzar 300 metros, pero no pudieron pasar el fuerte dispositivo policial. Pareciera que la orden del gobierno federal fue no dejarlos pasar por ningún motivo. Frente a los policías desplegaron sus mantas e instalaron un mitin para denunciar las tropelías de las autoridades y exigir avances en las investigaciones para dar con el paradero de sus 43 compañeros.
Al mismo tiempo, las madres y padres realizaron una conferencia urgente en el antimonumento +43 para exponer los magros avances en la investigación. También denunciaron la serie de represiones que vivieron durante toda la jornada de lucha al no dejarlos manifestarse y criminalizar su movilización y a los normalistas. Señalaron que los mueve el amor a sus hijos y que seguirán luchando para encontrarlos.
Doña María Concepción Tlatempa Colchero, madre de, en su intervención señaló que fue un crimen de Estado. “Desde el lunes 8 de junio que empezó la jornada de lucha los policías nos detuvieron en la caseta de Tlalpan. Ahí, integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación revisaron los autobuses donde nosotras íbamos. Nunca permitimos que nos revisen porque no somos delincuentes; nuestras armas son las lonas de nuestros hijos. A casi 12 años sin que el gobierno nos dé resultados, se atrevieron a realizar una revisión con más de mil policías. El gobierno quiere dividirnos, pero sabemos quiénes participaron el 26 de septiembre del 2014. Como madres y padres estamos enojados porque el gobierno se está burlando de nosotros porque saben dónde están nuestros hijos, pero no nos dicen dónde están. Les hemos estado pidiendo los 853 folios al ejército, pero no los quieren entregar”.
Don Mario González reiteró los nulos avances en las investigaciones, la reticencia del ejército al no querer entregar los folios o los documentos que tiene en sus manos la Sedena. “Queremos decirle a la presidenta que no se equivoque, que de este lado no están los criminales; los criminales los defiende ella. Tenemos claro que Omar Harfuch participó en la construcción de la verdad histórica, pero los sigue protegiendo. Hemos exigido que se investigue a Tomás Zerón, que se ejecuten órdenes de aprehensión para Iñaki Blanco y el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Señora presidenta, usted no es la víctima”.
“En el marco del mundial cómo es posible que ahora vayan a investigar a las madres buscadoras. Hay que tener tantita vergüenza porque en lugar de darnos verdad y justicia nos criminaliza. Estoy enojado porque este gobierno es un generador de odio y violencia entre los pobres”, dijo don Mario.
Este desplante del gobierno de la cuarta transformación no detiene a las madres y padres porque no hay una sola teoría del posible paradero de sus 43 hijos. En esta jornada de lucha fueron discriminados, pero sobre todo criminalizados sólo por buscar a sus hijos. A las autoridades no les importa el dolor y la incertidumbre que las familias sufren cada segundo. Su lucha va a seguir hasta que encuentren a sus amados hijos.
