Las personas jornaleras agrícolas -indígenas, en movilidad o asentamiento- constituyen uno de los pilares fundamentales de la producción alimentaria en numerosos países, especialmente en aquellos con economías agrícolas intensivas como México.
Escribe: Susana Cruickshank*
Fotografías: Kau Sirenio
En el libro de Javier Cercas ”El loco de Dios en el fin del mundo” Cercas (2025), el escritor menciona algunas frases del Papa Francisco en un discurso y dice: “…denunció lo que llamó ‘la cultura del bienestar, que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos y nos hace insensibles al grito de los demás’, alertó contra ‘la globalización de la indiferencia’”. Es por eso que comenzaré por lugares comunes sobre las condiciones de las personas jornaleras agrícolas, pero hay que decir que aunque sean lugares comunes, no deben dejar de decirse hasta que cambien las condiciones de esta población.
Las personas jornaleras agrícolas -indígenas, en movilidad o asentamiento- constituyen uno de los pilares fundamentales de la producción alimentaria en numerosos países, especialmente en aquellos con economías agrícolas intensivas como México. Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica en la cadena de suministro, esta población enfrenta condiciones profundamente precarias que reflejan desigualdades estructurales históricas.
La realidad cotidiana de las y los jornaleros agrícolas está marcada por bajos salarios, falta de seguridad social, condiciones de vivienda inadecuadas, exposición a riesgos sanitarios y, en muchos casos, vulneraciones sistemáticas de sus derechos humanos. Analizar estas condiciones no solo permite visibilizar una problemática persistente, sino también reflexionar sobre la necesidad urgente de acciones que garanticen dignidad, justicia y equidad.
En primer lugar, uno de los problemas más evidentes es la precariedad salarial. Las personas jornaleras agrícolas reciben un salario promedio que apenas alcanza para cubrir necesidades básicas, incluso cuando realizan jornadas extensas que superan las ocho horas diarias. En La mayor parte de productos que cortan, el salario está determinado por la cantidad de producto recolectado (pago a destajo), lo cual incentiva el trabajo intensivo sin considerar límites físicos ni condiciones de salud, el salario mínimo establecido ha aumentado, pero a ellos y a ellas les aumentan la cantidad a entregar. Esta forma de remuneración, además de ser inestable, genera incertidumbre económica, ya que depende de factores externos como el clima, la disponibilidad de cosecha o la demanda del mercado. Así, el ingreso de las familias jornaleras se vuelve irregular e insuficiente, perpetuando ciclos de pobreza.
A esta problemática se suma la falta de acceso a servicios de salud gratuitos y dignos así como seguridad social. Una gran proporción de jornaleros y jornaleras trabajan en la informalidad, sin contratos laborales que garanticen prestaciones básicas como atención médica, seguro por accidentes y pensión. Esto resulta especialmente preocupante considerando la naturaleza del trabajo agrícola, que implica riesgos constantes: exposición a agroquímicos, lesiones físicas por el uso de herramientas, largas jornadas bajo el sol y condiciones climáticas adversas. La ausencia de protección por parte de la empresa deja a las personas jornaleras en una situación de vulnerabilidad extrema, en la que cualquier accidente o enfermedad puede tener consecuencias devastadoras tanto para ellos como para sus familias.
Otro aspecto crítico es la situación de vivienda y movilidad. Muchas personas jornaleras migran de su comunidad de origen a una región y muchas veces de ahí a otra, siguiendo los ciclos de cultivo, lo que las obliga a vivir en campamentos improvisados o alojamientos proporcionados por los empleadores, que frecuentemente carecen de condiciones dignas. Estos espacios suelen presentar hacinamiento, falta de servicios básicos como agua potable y saneamiento, y escasa privacidad. La movilidad constante también dificulta el acceso a la educación para sus hijos e hijas, quienes a menudo interrumpen su formación escolar o, en algunos casos, se integran al trabajo agrícola desde edades tempranas, reproduciendo así el ciclo de precariedad.
La participación de mujeres en el trabajo jornalero introduce además una dimensión de género que agrava las condiciones laborales. Las mujeres suelen recibir salarios más bajos que los hombres por el mismo trabajo, además de enfrentar una doble carga al combinar labores agrícolas con responsabilidades domésticas y de cuidado que normalmente tienen. Asimismo, están expuestas a situaciones de discriminación, acoso y violencia tanto laboral como sexual. La invisibilización de las diferencias en las condiciones del trabajo de las mujeres en el campo contribuye a perpetuar desigualdades profundas que requieren atención específica desde las políticas públicas..
La debilidad de la regulación laboral en el sector agrícola, la falta de inspecciones efectivas, la concentración de poder en grandes empresas agroindustriales y la marginalización histórica de comunidades rurales e indígenas, de donde proviene una gran parte de familias y personas jornaleras son algunas de las causas. Además, la presión por mantener precios competitivos en los mercados nacionales e internacionales contribuye a que las empresas busquen reducir costos laborales, obviamente a expensas de cumplir con derechos laborales.
No obstante, también existen esfuerzos y propuestas orientadas a mejorar esta situación. Amplios espacios de organizaciones de la sociedad civil, académicos y académicas, sindicatos y algunos organismos gubernamentales y empresariales han impulsado programas y acciones para formalizar el empleo agrícola, garantizar acceso a servicios de salud, mejorar las condiciones de vivienda y fortalecer el conocimiento de los derechos laborales por parte de las personas jornaleras agrícolas. Al mismo tiempo, la certificación de productos agrícolas bajo estándares de comercio justo ha surgido como una alternativa para promover prácticas laborales más éticas. Sin embargo, estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la magnitud del problema y deben ser revisados cuidadosamente.
Para avanzar hacia una transformación real, es necesario implementar políticas públicas integrales que aborden las múltiples dimensiones de la problemática y que incluyan a todos los actores. Esto incluye como primer paso, fortalecer la inspección laboral, garantizar salarios dignos, promover la formalización del empleo, asegurar el acceso a derechos básicos y diseñar programas educativos flexibles para hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Además, es fundamental reconocer y valorar el trabajo agrícola como una actividad esencial, no sólo en términos económicos, sino también sociales y humanos.
En conclusión, no seamos cómplices de la cultura del bienestar, de la globalización de la indiferencia. Las condiciones laborales de las personas jornaleras agrícolas evidencian profundas desigualdades que persisten en nuestras sociedades y que nos involucran a todos como sociedad. A pesar de su papel crucial en la producción de alimentos, estos trabajadores y trabajadoras continúan siendo invisibilizados y desprotegidos. La transformación de esta realidad requiere no solo voluntad política, sino también un compromiso colectivo que reconozca la dignidad de quienes sostienen el campo. Solo mediante acciones concretas y comprometidas será posible construir condiciones dignas para las y los trabajadores jornaleros agrícolas migrantes y asentados en México y en el mundo.
*Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIGP-A. C) organización integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas
