Editorial
Fotografía: Redes Sociales
La falta de intérpretes en los hospitales y centro de salud de Chihuahua más que un error administrativo, constituye una omisión criminal. En México, la lengua materna constituye una barrera para la vida, cuando el sistema de salud actúa como un muro sordo que condena a quienes no hablan la lengua del poder.
En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno de Chihuahua actúa como etnonocida al negar el derecho lingüístico a los pueblos y comunidades indígenas. Lejos de buscar solución a su deficiencia impone censura.
Al más puro estilo del régimen priista, personal de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua pretende censurar al medio independiente Raíchali, a fin de que éste elimine una nota periodística de su portal en la que se exhibe la falta de intérpretes indígenas en el sistema de salud en ese estado.
Esta forma de resolver la ineficacia del sector salud en lo que toca a la atención a pacientes indígenas ha sido persistente, y ha quedado documentada como una grave violación a los derechos humanos tanto en hospitales como en centros de salud.
Desde TatyiSavi condenamos el racismo institucional que impone la muerte, como en el caso del niño ódami en Chihuahua, porque es el reflejo del desprecio hacia la nación ódami. No es que la madre no supiera hablar, es que el hospital no quiso escuchar.
El acceso a un intérprete es un derecho constitucional consagrado en el artículo 2 de la carta magna, en el que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas; y por si no bastara, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas mandata que se garantice toda la información en lengua materna.
El gobierno de Chihuahua, en lugar de coartar la libertad de prensa a Raíchali, debe de asumir su responsabilidad de Estado para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Salud generen condiciones para que todas las instancias públicas cuenten con intérpretes y traductores: hospitales, juzgados, ministerios públicos, oficinas de relaciones exteriores, entres otras.
Asumir la responsabilidad también implica pedir disculpas públicas al pueblo ódami, y garantizar mayor presupuesto para intérpretes certificados en cada unidad médica de la Sierra Tarahumara y en todos los territorios indígenas.
A partir de esta premisa, el gobierno de Chihuahua debe de reconocer que casos como la muerte del niño ódami Ángel Ramón Julián Baiza, de cinco años, este 4 de febrero no deben de repetirse nunca más.
TatyiSavi condena el hostigamiento como una forma de censura que vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Hasta ahora, Raíchali ha mantenido su compromiso con el periodismo independiente, la verdad y la denuncia de prácticas que limitan el acceso a derechos fundamentales.
Bajo ninguna circunstancia se debe censurar a las y los periodistas y comunicadores indígenas en Chihuahua, Guerrero y de todo México, que se han preparado para narrar sus territorios, sus problemáticas y alzar la voz.
Mientras el Estado mexicano siga tratando a nuestras lenguas como un obstáculo y no como un derecho, seguiremos enterrando a nuestros hijos en el silencio. La muerte del niño ódami Ángel Ramón Julián Baiza debe ser el grito que despierte a una justicia que hoy está sorda en todos los espacios públicos.
