El hecho de que el gobierno no otorgue prestaciones de seguridad social (IMSS o ISSTE) ni acceso a ahorro para el retiro, vacaciones pagadas o licencias médicas, expone a los educadores comunitarios a una condición de vulnerabilidad absoluta. Estos educadores trabajan en contextos de alto riesgo, en comunidades remotas con acceso limitado a servicios de salud.
Escribe: Guillermo Álvarez Nicanor
Fotografías: Camilo Ocampo
La educación comunitaria en México, impulsada históricamente por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), representa un pilar fundamental para garantizar el derecho a la educación en las zonas más dispersas y marginadas del país. Sin embargo, detrás de la noble misión de llevar instrucción escolar a los rincones olvidados, se esconde un modelo operativo que ha sido sistemáticamente señalado como una forma de precarización y simulación laboral por parte del Estado mexicano. Al reclasificar a los educadores de facto como educadores comunitarios y compensarlos con un «apoyo económico» en lugar de un salario justo, el gobierno incurre en una deuda ética que se está volviendo histórica con quienes sostienen la equidad educativa de la Nación. Esta problemática se exacerba de manera crítica en estados como Guerrero, donde la alta marginalidad y la vasta diversidad de pueblos indígenas imponen desafíos pedagógicos y éticos inmensamente superiores.
El modelo Conafe es la simulación jurídica y semántica de la relación laboral. La figura del educador comunitario no es un rol de voluntariado o servicio social a tiempo parcial, sino un cargo que exige dedicación de tiempo completo, equiparable en funciones y responsabilidades a las de cualquier docente de educación básica. El educador comunitario no sólo imparte contenidos curriculares que van de preescolar a secundaria (en esquemas multigrado, a menudo simultáneamente), sino que también gestiona la vida comunitaria, la logística, y la adaptación pedagógica a contextos de alta vulnerabilidad.
Al llamar a la retribución de cinco mil pesos mensuales un «apoyo económico», el Estado evade la responsabilidad de reconocer la existencia de un empleo formal. Esta compensación, que apenas alcanza para la subsistencia, viola el principio constitucional de salario digno. El educador comunitario, al igual que cualquier trabajador, depende de su ingreso para vivir y, debido a la dedicación exclusiva de su tiempo y energía, está impedido de obtener otros ingresos. Esta práctica no sólo es injusta, sino que disfraza una relación de dependencia económica bajo la bandera de la vocación y el servicio, trasladando el costo de la educación de los más pobres del presupuesto público a la espalda de los jóvenes educadores.
La negación del estatus de trabajador tiene consecuencias directas y graves en materia de derechos humanos laborales. El hecho de que el gobierno no otorgue prestaciones de seguridad social (IMSS o ISSTE) ni acceso a ahorro para el retiro, vacaciones pagadas o licencias médicas, expone a los educadores comunitarios a una condición de vulnerabilidad absoluta. Estos educadores trabajan en contextos de alto riesgo, en comunidades remotas con acceso limitado a servicios de salud. La ausencia de seguridad social convierte cualquier enfermedad o accidente en una catástrofe financiera personal, lo que constituye un incumplimiento flagrante de las obligaciones patronales establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
Esta omisión es un acto de discriminación sistémica, pues se niegan derechos fundamentales a un grupo de trabajadores que realiza la labor educativa más compleja y exigente. Se crea una ciudadanía de segunda clase en el ámbito laboral, donde la contribución social no se traduce en protección social.
Los becarios son profesionales en pedagogía en contextos rurales, el becario de Conafe se somete a una inmersión total comunitaria. Jurídicamente, esto crea una discriminación institucional: se les exige cumplir con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) en términos de resultados, pero se les excluye de sus beneficios y del escalafón docente por no poseer un título de normalista, ignorando la competencia profesional adquirida en la práctica.
El reconocimiento de los becarios de Conafe como docentes es también un tema de derecho indígena. La Constitución mandata garantizar el acceso a una educación de calidad con pertinencia cultural. Al enviar a jóvenes bajo un esquema de «voluntariado» en lugar de docentes profesionales y bien remunerados a las zonas indígenas, el Estado incurre en una omisión legislativa y administrativa. La falta de reconocimiento legal de su estatus docente implica que el servicio educativo prestado en estas zonas es de «segunda clase» ante los ojos de la ley, perpetuando la exclusión estructural.
Respecto al trabajo voluntario, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que éste no debe sustituir empleos permanentes. En Guerrero, el Conafe ha pasado de ser un programa de fomento a ser el único proveedor educativo en cientos de comunidades. Jurídicamente, esto podría tipificarse como una explotación de la necesidad de los jóvenes estudiantes, quienes aceptan condiciones de precariedad extrema a cambio de una promesa de beca futura para sus propios estudios.
El modelo actual de Conafe, aunque vital para la cobertura, es insostenible y éticamente cuestionable. La simulación de la vocación a través de la figura del educador comunitario es un mecanismo de explotación estatal que ahorra recursos a costa de la dignidad laboral.
Para lograr una verdadera equidad, el gobierno debe transformar radicalmente su enfoque: reconocer a los educadores comunitarios como trabajadores de la educación básica, otorgarles un salario profesional comparable al de sus homólogos con plaza y garantizarles todas las prestaciones de ley. Además, debe implementar un sistema de incentivos y capacitación especializada que garantice que los educadores destinados a contextos indígenas tengan la formación en interculturalidad y el dominio de la lengua local. Sólo cuando el Estado asuma la responsabilidad completa de la educación de sus ciudadanos más vulnerables, dando a sus educadores el respeto y la protección que merecen, el Conafe dejará de ser un ejemplo de precarización para convertirse en un verdadero motor de justicia social.
Para subsanar esta laguna, es imperativo: a) Reformar la Ley General de Educación, para incluir una figura jurídica de Docente Comunitario que reconozca la experiencia en Conafe como antigüedad para el ingreso al sistema público. b) Certificación de Competencias: crear un mecanismo legal que valide la formación docente en campo de los becarios, equiparándola técnica y jurídicamente con la licenciatura en educación indígena. C) Seguridad Social Inmediata: transitar del seguro facultativo de estudiante a un régimen de seguridad social integral.
