La llegada de jornaleros con visa H2A al estado de Washington dejó sin trabajo a los migrantes irregulares, y le redujo el salario comparado con el que tenía en 1998.
Texto: Kau Sirenio
Fotografías: Sindicato Familias Unidas por la Justicia
El Sindicato Familias Unidas por la Justicia (SFUJ) y organizaciones sociales instalan Tribunal Popular Campesino para enjuiciar al gobierno Federal de Estados Unidos y a los empresarios agrícolas por asfixiar a los jornaleros agrícolas en el noroeste del estado de Washington con la visa H2A.
A la instalación del Tribunal Popular acudieron los senadores Rebecca Saldaña, Emily Alvarado y Liz Lovelett del estado de Washington, quienes se comprometieron con la comunidad migrante, en su mayoría mexicanos, a impulsar leyes en favor de los campesinos migrantes.
Los organizadores del SFUJ –na savi y triqui de Guerrero y Oaxaca–, y de la organización comunitaria Community to Community, presentar a los jueces para escuchar la demanda de los trabajadores agrícolas en el estado de Washington.
Una mexicana, tres latinas hijas de migrantes mexicanos y una africana, de la organizaciones Washington State Labor Council, Chamber of Hispanic Affairs, ELLA, Pierce Immigrant Resource Center, People’s Economy Lab, fueron las cinco juezas del tribunal.
La primera que presentaron, Vicky Frausto, alcaldesa de la ciudad de Sunnyside. «Acabamos de hacer historia también porque acabo de ser elegida como la primera latina en ser alcaldesa de nuestra comunidad. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes como hija de campesina», saludó.
Vendría la presentación de la yucateca Wendy Pantoja, quien vive en los alrededores de la ciudad de Tacoma, donde se encuentra el Centro de Detención de Noroeste de Tacoma. «En Tacoma está el centro de detenciones y allí se reciben muchas a personas de todo el estado de Washington; y tenemos muchos trabajadores agrícolas que están arrestandos», refirió.
Y Agregó: «Estamos muy preocupados por eso; y sabemos que hay mucha reflexión en estos momentos; tratamos de hacer lo mejor para presentarlos y escuchar las demandas que ustedes hacen; nosotros tenemos alimentos gracias a los campesinos y lo apreciamos del corazón».
Mientras que la directora de la Comisión de Asuntos Hispanos en el estado de Washington, María Sigüenza, expresó: «Seguir a ustedes en su experiencia como expertos en defensa de los derechos humanos de los trabajadores del campo. Aquí estoy y los acompañaré siempre en la lucha por alcanzar mejores condiciones de trabajo».
Po su parte, la latina Kira Munson y la africana Faduma Fido señalaron que están en el Tribunal Campesino para escuchar las demandas de los campesinos y migrantes con el fin de buscar en comunidad un mundo mejor para los migrantes.
Después de la presentación de las juezas que conformaron el Tribunal Popular y Campesino, vinieron las demandas en contra de los empresarios agrícolas y del gobierno de Donal Trump.
El primero en presentar su caso fue el na savi (mixteco) de Santa Cruz Yùku Kàni, Guerrero, José Ramírez. «Te cuento mi historia como campesino y sindicalista de Familias Unidas. Mi experiencia por un contrato colectivo es por un sueldo justo para los trabajadores».
Ramírez es presidente del sindicato (secretario general), y desde ese espacio habló de los problemas que enfrentan como comunidad migrante en Estados Unidos. «Hasta ahora nadie nos puede despedir en cualquier momento, porque tenemos un contrato colectivo. Pero cuando termina con la empresa, tenemos que buscar trabajo en otro lado; ahí es donde enfrentamos la explotación laboral», señaló.
La niña Joyce, de nueve años, expuso la situación en que vive su familia: «Mis padres son trabajadores y trabajan todo el tiempo para que les alcance para la renta, no pueden tener tiempo libre para estar conmigo en mi casa. Trabajan todos los días, incluso si hace calor, es cuando más salen a trabajar. Por eso les quiero apelar la conciencia, para que ayuden a legislar a favor de los campesinos».
En su intervención, Gildardo Pérez dijo que trabaja en la pizca de manzana, uva y cherrys desde 1998, pero la llegada de jornaleros con visa H2A deja sin trabajo a los migrantes irregulares, porque se le redujo el salario comparado con el que tenía cuando llegó a Washington.
«En 1998 ganaba más que ahora; en ese entonces tenía un salario de cien dólares por jornada de ocho horas; ahora, trabajamos el mismo jornal por 80 dólares. Hay compañeros que están ganando 70 dólares. Esto se debe al programa H2A, porque los rancheros ya no nos quieren contratar, porque ellos prefieren a esclavos del futuro», acusó.
Sostuvo que no ha podido encontrar trabajo porque muchas de las empresas no contratan a trabajadores locales; los rancheros prefieren a los trabajadores con visa H2A porque no piden incremento salarial y trabajan en condiciones paupérrimas.
Mientras que ellos reclaman derechos y mejores condiciones laborales. «A nuestra familia ya no le alcanza el dinero para la alimentación», se quejó.
Gisela Cabrera vino desde el Valle de Yákima, Washington, para exponer su caso. «Me ha reemplazado los trabajadores con visa H2A, los llamo esclavos del futuro porque trabajan por diez centavos u ocho centavos por una planta de uva. Esto es una política de este presidente que abrió las visas para abaratar las manos de obra», denunció.
Mientras se desarrollaba el juicio en contra de los empresarios agrícolas del noroeste del estado de Washington, Alfredo Juárez Ceferino seguía el proceso vía virtual. Cuando los asistentes se enteraron de su presencia lo vitorearon.
Juárez Ceferino fue detenido en marzo y deportado en el mes de julio del año pasado, sin que se le permitiera defenderse. Y el consulado mexicano en Seattle, Washington, no lo acompañó en el proceso judicial.
Antes de terminar la ronda de participantes, la organizadora Rosalinda Guillen de Community to Community, le pidió a la senadora Rebeca Saldaña que siga impulsando leyes a favor de los migrantes, tal como lo hizo con la ley Over-Times para que los campesinos tuvieran un trabajo más justo y digno.
«Ella es la que nos ayudó para pasar a las leyes de Over-Times; pero ya su último año como senadora, así que le vamos a pedir que nos ayude con nuestra propuesta de ley que estamos trabajando», expuso.
La senadora contestó: «Vamos a apoyar este este proyecto. Para nosotros es importante para seguir avanzando en los derechos de los campesinos que trabajan en los campos agrícolas, porque no es fácil legislar si no se escuchan los testimonios de los que están aquí».
La Cooperativa Tierra y Libertad habló de cómo acompañan las iniciativas de los jornaleros agrícolas en distintas resistencia en la defensa de sus derechos, porque son el sostén de la economía de Estados Unidos. «Muchos quisiéramos tener trabajo en Tierra y Libertad, pero no hay mucho espacio para todos», expresó uno de los integrantes.
Por la mañana, las organizaciones sociales se reunieron con el Comité de Trabajo y Comercio de Seattle, para revisar la redacción de la ley SB 6045 y exponer sus preocupaciones ante la política migratoria en estado de Washington.
El proyecto de ley SB 6045 busca ayudar a sindicalizar a los campesinos para que puedan contar con un trabajo digno y que no sean acosados por ICE. «Normalmente, el proceso legislativo no es tan emocionante como estar en boicots, de huelga o en las calles, pero también es una táctica necesaria para apoyar el trabajo sobre el terreno», explicó el director de política de SFUJ, Edgar Frank.
Frank dijo que la discusión sobre los derechos de los inmigrantes están sobre la mesa este año en Washington con la presentación de un proyecto de ley que prohíbe a ICE usar máscaras, así como, mantener al ICE lejos de las escuelas, y también proteger a los trabajadores inmigrantes de las auditorías de la I-9, entre muchas otras propuesta.
El organizador de Familias Unidas conversó con TatyiSavi sobre la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA), y concluyó que la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos pueden formar sindicatos y negociar colectivamente sus contratos.
Sin embargo, agregó que en la década de 1930, el Congreso excluyó a los trabajadores agrícolas y domésticos para asegurar el voto de los demócratas sureños que se oponían a las protecciones laborales para los trabajadores negros.
«Los trabajadores agrícolas carecen del derecho a celebrar elecciones sindicales, a obtener contratos colectivos si ganan. Solo existen dos contratos sindicales de trabajadores agrícolas en Washington, cada uno creado tras años de boicots y presión popular, no porque la ley proteja los derechos de los trabajadores, es el último paso para otorgar a los trabajadores agrícolas los mismos derechos que todos los demás en la legislación laboral», reforzó.
El sindicalista sostuvo que la propuesta de ley es el resultado de la presión que se creó en las calles, «aunque creo que podemos hacer más. Sin embargo, esto ayudará a generar impulso general para mayores cambios sistémicos. Queremos tener sindicatos y un movimiento fuerte de trabajadores. Esa es clave para proteger a los inmigrantes y a la comunidad en su conjunto».
Señaló que los trabajadores agrícolas son excluidos de las protecciones federales como el derecho a la negociación colectiva; pero eso no los detiene para ganar más derecho a horas extra, el derecho a descansos pagados.
«Ahora espero que el derecho a negociar colectivamente en el estado de Washington, también», manifestó.
