Educación abandonada
Escribe: *Guillermo Álvarez Nicanor
Fotografía: Prepa populares
Lo que hoy se vive en las calles de Chilpancingo no es una protesta, es el estallido de una indignación histórica. La resistencia de las preparatorias populares frente al gobierno del estado de Guerrero ha desnudado una verdad incómoda: el Estado no educa, el Estado explota.
El gobierno de Guerrero ha perfeccionado un sistema de engaño institucional. Bajo el amparo del Artículo 3º Constitucional, presume cifras de cobertura educativa y egresa a miles de jóvenes, pero lo hace mediante una estructura «fantasma«. El estado de Guerrero se cuelga las medallas de los certificados entregados, pero se lava las manos a la hora de pagar salarios. Esto no es gestión pública; es parasitismo institucional.
El gobierno utiliza a los docentes de las prepas populares para cubrir los huecos que su propia negligencia ha dejado en las zonas más marginadas; sin embargo, les niega el estatus de trabajadores. Legalmente, esto es un fraude laboral masivo orquestado desde el poder.
Constituye una bajeza jurídica y moral la existencia de dos clases de ciudadanos ante la ley en Guerrero. Por un lado, los docentes de subsistemas, reconocidos con todas las prestaciones; por el otro, los maestros de las prepas populares, condenados a la precariedad absoluta.
El Artículo 123 de la Constitución es letra muerta en nuestro estado. Mientras los funcionarios estatales gozan de sueldos y bonos de impunidad, el maestro que sube a la montaña para, con su enseñanza, evitar que un joven sea reclutado para actividades ilegales no recibe ni seguridad social ni estabilidad. Al no reconocer este vínculo laboral, el gobierno de Guerrero incurre en una discriminación sistemática que violenta los derechos humanos más elementales.
Ignorar a las preparatorias populares es una apuesta cínica por el olvido. El gobierno de Guerrero parece esperar que el cansancio venza a los padres y maestros, pero olvida que en Guerrero el hambre de justicia es más fuerte que la apatía oficial.
No reconocer a estos trabajadores como empleados del Estado es una irresponsabilidad criminal. El gobierno es el patrón real, el beneficiario de la matrícula y el responsable de la infraestructura. Negarlo no es un asunto presupuestal, es una falta de voluntad política y una muestra de desprecio hacia las comunidades indígenas y rurales que sostienen, con sus propios hombros, la educación que el Estado abandonó.
Basta de migajas. Guerrero ya no aguanta más «mesas de trabajo» que solo sirven para administrar el conflicto. O el Estado reconoce la relación laboral y dignifica a sus maestros, o admite que su sistema educativo es una fachada construida sobre el sudor y la explotación de quienes menos tienen.
La educación en Guerrero es hoy una deuda de honor que el gobierno se niega a pagar.
*Hablante nahua.
