Detenciones en redadas
Cientos de personas son secuestradas en las redadas y son llevadas al Centro de detención de ICE del Folkston (FIPC), ubicado en el condado de Charlton.
Texto: Kau Sirenio
Fotos: Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)
Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes y comunitarias exigieron cese a las la redada de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Georgia y denunciaron que el 4 de septiembre fueron detenidos 475 trabajadores en la planta de Hyundai Supplier y LG Energy Solution en Ellabell, Georgia.
“Esta redada no es un incidente aislado, es parte de un patrón peligroso y creciente de agencias gubernamentales que secuestran personas de escuelas, vecindarios, aeropuertos y lugares de trabajo con creciente impunidad. Si los trabajadores temen ir a sus trabajos, habrá inestabilidad en todas las industrias y en la vida diaria. Cuando se llevan a 475 trabajadores, más de 475 familias se ven afectadas y toda una comunidad se rompe”, acusó la organización Derechos Laborales de Migrant Equity Southeast (MESE).
En conferencia de prensa virtual desde la Diócesis Episcopal de Savannah, Georgia, MESE y organizaciones aliadas denunciaron la redada como un asalto militar en contra de trabajadores inmigrantes, lo que generó separación de familias y traumas en las comunidades.
Señalaron que cientos de personas son secuestradas en las redadas y son llevadas al Centro de detención de ICE del Folkston (FIPC), ubicado en el condado de Charlton. FIPC tiene un historial documentado de condiciones inhumanas y violaciones cometidas por inspectores federales.
“Todos los trabajadores, sin importar su estatus, fueron intimidados, incluyendo mujeres embarazadas. Su trabajo hace prosperar a la costa de Georgia. No podemos llamarnos una sociedad civilizada si las mismas personas que construyen nuestros hogares, nuestros autos y nuestro futuro son tratadas de esta manera”, denunció la directora ejecutiva de MESE, Daniela Rodríguez.
Sostuvo que agentes del ICE, armados con armas de uso exclusivo militar, sellaron el sitio, bloquearon carreteras y rodearon la zona con helicópteros, drones y vehículos blindados.
Dijo que testigos vieron cómo los trabajadores fueron subidos a autobuses. “Les confiscaron sus teléfonos, y muchos fueron presionados a firmar documentos sin representación legal. También se reportaron casos de uso de fuerza física, gas lacrimógeno y tácticas de intimidación. Defensores recalcaron que esto no fueron inspecciones laborales, sino operaciones de estilo militar contra trabajadores civiles”, denunció.
La activista por los derechos humanos de los inmigrantes precisó que la redada no expone un problema con los trabajadores inmigrantes. “Expone un sistema en el que corporaciones multinacionales como Hyundai recortan gastos en seguridad, explotan mano de obra migrante vulnerable y luego culpan a otros cuando surgen las consecuencias”, señaló.
La organizadora de derechos laborales de MESE, Jenny Mirón, acusó a la empresa Hyundai de violar los derechos laborales. “Debemos entender que estas redadas no ocurrieron de manera aislada. Hyundai tiene un historial documentado de violaciones laborales. Apenas esta primavera, dos trabajadores murieron en accidentes prevenibles en esta misma planta. Sus muertes debieron haber sido una llamada de atención para un cambio, en lugar de eso, los trabajadores siguen pagando el precio con su seguridad, su libertad y ahora sus familias”, expuso.
Por su parte la directora de litigios de Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, Meredyth Yoon, afirmó: “Acciones de aplicación de la ley militarizadas disfrazadas de investigaciones laborales plantean serias preocupaciones legales y morales. Esta redada está entre las operaciones laborales más grandes en la historia de Estados Unidos; y no puede hacerse a expensas de los derechos individuales. Tenemos serias preocupaciones por las personas afectadas, sus familias y sus derechos, y estamos comprometidos a entender hasta qué punto el gobierno de Donald Trump y los empleadores han violado esos derechos.”
Subrayó que la redada es un sistema laboral explotador en el que compañías como Hyundai obtienen ganancias mediante múltiples capas de subcontratistas que se deslindan de responsabilidades cuando los trabajadores resultan perjudicados.
Líderes comunitarios que rechazaron las afirmaciones de que los trabajadores detenidos no eran empleados de Hyundai, enfatizaron que las compañías deben asumir responsabilidad por todos los trabajadores en su cadena de suministro.
La directora legal y de políticas en el Centro de los Derechos del Migrante, Julia Solórzano, condenó estas agresiones en contra de los migrantes. “Estas redadas aterrorizan a los trabajadores migrantes mientras dejan libres de responsabilidad a corporaciones como Hyundai, a pesar de sus repetidas violaciones laborales. En lugar de arrestar trabajadores, nuestro gobierno debería responsabilizar a los empleadores abusivos”, sostuvo.
Las distintas organizaciones comunitarias urgieron a los legisladores estatales y federales para que investiguen las redadas militarizadas, responsabilizaron a las corporaciones por abusos laborales y promover protecciones que mantengan a las familias unidas y a los trabajadores seguros. Las acciones de ICE han dejado a familias sin estabilidad ni seguridad.
“Ningún trabajador debería enfrentar redadas militarizadas en su lugar de empleo, y ninguna familia debería enfrentar la amenaza de separación repentina”.
