Comunidades otomí y mazahua se dieron cita en San Marcos Tlazalpan, Estado de México, para definir el rumbo de la Iniciativa de Ley Indígena junto al titular del INPI, Adelfo Regino Montes.
La reunión abre una etapa clave en la consulta nacional para plasmar las demandas históricas de los pueblos en el marco legal.
Escribe: Kau Sirenio
Fotografía: INPI
Ciudad de México, 24 de octubre de 2026.- Como parte del proceso nacional de consulta de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Adelfo Regino Montes —director general del INPI— se reunió con autoridades tradicionales y representantes de los pueblos Hñähñu (Otomí) y Jñatjo (Mazahua) con el objetivo de integrar sus propuestas, visiones y demandas históricas.
En la reunión quedó clara la urgencia de escuchar a los pueblos. “El fin de este instrumento legal es que las experiencias, cosmovisiones y libre determinación de las comunidades guíen la aplicación real de los derechos reconocidos en el artículo 2.º de la Constitución Federal” señaló el titular del INPI.
Regino Montes aseguró que la consulta es un ejercicio horizontal: “Es para escuchar todas las opiniones y que esta ley que estamos construyendo refleje la realidad, el pensamiento y las demandas históricas de nuestros pueblos”.
El funcionario federal destacó que estas acciones forman parte del compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para asegurar que las comunidades participen activamente en la construcción de las disposiciones legales que rigen su entorno.
El titular del INPI resaltó que el proceso es histórico y representa la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, la cual reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Afirmó que este logro es un paso fundamental para revertir décadas de exclusión, discriminación y despojo territorial y cultural.
De acuerdo con el comunicado que emitió el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la reunión se explicó que la futura ley regulará de forma concreta los principios constitucionales, creando los mecanismos necesarios para ejercer derechos clave como la libre determinación, la autonomía, los sistemas normativos propios y el fortalecimiento de las autoridades tradicionales, así como la protección integral de su patrimonio cultural y territorial.
Los asambleístas reconocieron la trascendencia que tienen las comunidades indígenas al recibir y administrar de manera directa sus recursos públicos. Esta medida garantiza que los pueblos decidan y ejecuten obras prioritarias de acuerdo con sus propias necesidades, bajo el mandato y vigilancia de sus asambleas y autoridades comunitarias.
“La propuesta legislativa responde a la profunda diversidad cultural de México, asegurando que se atiendan las necesidades reales de cada pueblo y comunidad, y garantice su derecho fundamental a decidir sobre los asuntos que impactan su vida y sus territorios”, se lee en el documento.
En el encuentro se reafirmó el proceso consultivo que busca romper el viejo esquema vertical, abriendo un canal directo para que las voces y propuestas de la gente guíen la creación de una ley que responda a sus exigencias históricas y formas de vida.
El INPI sostuvo: “Este diálogo comunitario reafirma que no puede haber leyes sobre los pueblos sin la voz de los pueblos. La participación directa es la única vía para romper con la exclusión histórica y avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Al cierre del encuentro, el INPI se comprometió a integrar cada una de las observaciones y demandas presentadas por las comunidades. El reto principal será asegurar que la voz comunitaria defina las políticas públicas, logrando que esta ley sea un reflejo fiel de las legítimas aspiraciones de los pueblos originarios.
