La mayoría quejas en la CEDH Guachochi fueron presentadas por personas de pueblos indígenas y sus principales demandas son por: el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el hecho de que no les estén levantando sus denuncias cuando acuden. Otra de las cuestiones también es que durante los procesos muchas veces no fueron atendidos desde el primer momento por personas intérpretes
Escribe: Patricia Mayorga
Fotografías: Patricia Mayorga y redacción de Raichalí
En poco más de un año de apertura de la oficina de Guachochi de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), recibieron 24 quejas y emitieron 3 recomendaciones, la mayoría fueron presentadas por personas pertenecientes a pueblos indígenas contra la Fiscalía General del Estado, informó la titular de la oficina regional, Mónica Leticia Espinoza Muela.
Para Mónica Espinoza, abogada rarámuri, el encargo que tiene es una gran responsabilidad y una oportunidad para ir hacia las comunidades indígenas, hacer conciencia de los derechos de las personas que habitan aquella región y brindar directamente los servicios de la CEDH, con el fin de acercar la atención.
La titular de la CEDH en Guachochi, es originaria de la comunidad de Norogachi, municipio de Guachochi. Desde niña aprendió de las desigualdades que enfrenta su pueblo rarámuri y de la fuerza de la educación, con el ejemplo de sus padres.
“Pues siendo muy sincera en un principio, la verdad me iba a dedicar a ser maestra, o sea mi papá era docente de medio rural. Entonces yo siempre vi principalmente todas las desigualdades y todo ese tipo de cuestiones que se viven en la Sierra Tarahumara, porque mis primeros años fueron aquí directamente, mi crianza en fue Guachochi”, comparte.
Miguel Ángel Espino Morales era su papá. Tenía una plaza de maestro, trabajó en diferentes comunidades a las que su familia lo seguía: tres hijas y un hijo.
“Nos tocó estar bastante tiempo en el municipio de Guachochi pero estar viviendo en varias comunidades, lo que es Norogachi, El Ocote, El Naranjo, Cumbres de Guérachi, prácticamente todo Guachochi”.
La abogada recuerda que observaba mucha carencia en la educación porque no estaba ni está accesible la educación para todas las personas.
“Incluso a mi mamá le tocaba asistir a a niños ahí en la escuela, que tenían que caminar hasta 2 días para llegar a esta escuela. O sea, estábamos ahí con mi papá, entonces desde ahí estábamos viendo esas desigualdades que son en cuestiones muy precarias. Muchos llegaban sin comer y a pesar de que en aquel entonces me acuerdo, que había programas de desayunos, no eran suficientes”.
Las carencias que observaba Mónica Espino, eran las largas distancias que caminaban las niñas y los niños para llegar a la escuela, “nos tocó, con mi mamá, hospedarlos ahí directamente. No era obligación por parte de mi padre, pero no teníamos que regresarlos de nuevo a su casa, era inhumano.
“Ahí se quedaban, me acuerdo mucho que me tocó convivir con ellos, quedarse ahí en la casa o en los salones, en la escuelas les tendíamos cobijas, ahí se quedaban. Al siguiente día levantaba su cobija y les daba clases mi papá, y así sucesivamente en todas las comunidades que íbamos”.
Miguel Ángel Espino daba clases en idioma rarámuri y en español, dependía del grupo. Mónica y sus hermanos estudiaron así los primeros años de primaria.
“Cuando yo estaba en la primaria, desgraciadamente mi padre fallece. Entonces, mi mamá tenía cuatro hijos a cargo, tendía que buscar una mejor oportunidad para sacar a sus hijos adelante, Fue así como decidimos irnos a Chihuahua”, recuerda la abogada.
Mónica tenía 8 años. Sus hermanas tenían 16 y 11 años cuando falleció su papá y su hermano menor, 4 años.
Cuando llegaron a Chihuahua, vivieron en la colonia Tarahumara. Mónica y sus hermanos más pequeños entraron a la escuela indígena Gabriel Teporaca, de la misma colonia.
Cursó la secundaria en una escuela no indígena y posteriormente en el plantel número 10 del Colegio de Bachileres.
“Conocí la materia de derecho y me doy cuenta que puedo hacer el cambio a través de esa licenciatura”.
“En el bachillerato conocí un pedacito de la materia y desde ahí me enamoro, o sea, digo: ‘esto es lo mío’. O sea, defender, ayudar, todo ese tipo de cuestiones (…) Entonces, pues empiezo como a querer hacer un cambio, es decir, ¿cómo yo puedo hacer un cambio? Me doy cuenta que que puedo hacer el cambio a través de la licenciatura en derecho, fue que me enamoré la carrera”.
En la materia de derecho, en segundo semestre, conoció las garantías individuales de cada personas. “Y que tienes derecho a la educación y que tienes derecho a la salud y que tienes derecho a todo ese tipo a garantías”.
Las materias como educación cívica y ética, se convirtieron en sus preferidas, además del derecho, las que tenían que ver con los derechos de las personas.
“Y yo me acuerdo mucho que yo iba y se los platicaba a mi familia: Aprendí que teníamos derecho a la educación y que a la salud, y que esto. Era como una miniabogada en la familia. Soy la única persona de la familia de mi madre, que estudió una carrera”.
Su familia también se emocionaba con lo que Mónica aprendía. “A partir de la preparatoria digo: “esto es lo mío.”
Cuando terminó la preparatoria, su mamá le dijo que ya no podía continuar pagando sus estudios. Mónica decidió hacer su servicio social en la Consejo Nacional de Fomento a la Educación (Conafe), lapso que también le ayudaría para estar segura de que quería estudiar la carrera de Derecho.
Le avisó a su mamá que se iba a hacer un servicio social, para ganarse una beca y continuar sus estudios.
“Entonces, mi mamá así con cara de que ¿cómo?, ¿a dónde?. Era la primera vez a mis 17 años terminando la prepa, me salía de mi casa. Me acuerdo que a mí me tocó la comunidad más lejana de Chihuahua.
Llegó a la comunidad de La Mula en el municipio de Ojinaba. Me encantó dar clases, me enamoré del pueblito. Pero algo en mí seguía que decía: “es que quiero ser abogada, quiero estudiar Derecho’”.
Los padres y madres de familia la recibieron con gratitud y la apoyaron en todo. “Lo que tiene la gente es que muy humanista y en especial en ese pueblito. Yo llegué sin conocer a nadie y literal la cuestión de Conafe es que te da una beca mínima, o sea, mil pesos para sobrevivir todo el mes. Era lo que en aquel entonces, estoy hablando del 2016”.
A la población a la que llegan las y los maestros de Conafe, tiene que hacerse cargo del hospedaje y comidad de ellos porque no les cobran la educación del alumnado.
“Me acuerdo que llegué y con todos los padres de familia ahí, yo una niña, porque literal era una niña de 17 años hablando con padres de familia de 40, 50 años. Y pues yo iba a ser la maestra y se me quedaba viendo, aparte pues mi estatura no ayuda mucho. No impongo mucha autoridad que digamos.
“Pero no, la verdad los padres de familia me hospedaron, me apoyaron. Es comunidad mestiza y duré 2 años en aquel entonces. Organicé unas olimpiadas regionales con otros profesores de Conafe; era algo nuevo para ellos, estaban bien nerviosos los padres de familia, decían: ‘¿qué les vamos a dar de comer?’”
A los dos años se regresó a Chihuahua para buscar la universidad en la que podría estudiar. “Siempre procuré tener muy buenas calificaciones para conservar mi beca en la secundaria, en la prepa (…) le había dicho a mi mamá que no se preocupara porque me iba a Conafe por las becas, con eso la hago”.
Sin embargo, Mónica Espino cuenta que Conafe no fue como se lo pintaron. Nunca recibió la beca, sólo los mil pesos mensuales para sostenerse durante dos años. “Cuando sales de Conafe se supone que te tienen que darte una beca mensual de cierta cantidad. Yo nunca la recibí. Me dieron trabas, hasta que nunca vi ningún peso. Sí vas por la experiencia, pero también tienen que ser conscientes de que también vas por que quieres continuar tus estudios y entonces”.
Comenzó a trabajar en otras partes en la ciudad de Chihuahua y aunque pasó el examen de admisión de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), los horarios quebrados no le permitían trabajar para solventar sus estudios.
Después de buscar varias opciones en escuelas privadas, se fue a Cuauhtémoc para estudiar en el Centro Cultural Universitario que era el más accesible y sólo en ese campus estaba la carrera de Derecho. Después de un tiempo abrieron esa licenciatura en Chihuahua y ahí terminó sus estudios.
“Mi familia jamás estuvo asociada a conocimiento de gobierno, de instituciones, de apoyos, de todo ese tipo de cuestiones, de becas. Yo desconocía completamente este pues este tipo de cuestiones, de que te pueden apoyar”.
Cuando una diputada local visitó la colonia Tarahumara, su mamá se acercó a ella para decirle que tenía una hija que estudiaba Derecho. Ya estaba en semestres avanzados y Mónica alcanzó a la diputada antes de que se fuera.
“Yo desde un principio quería estar en el Congreso del Estado, donde mandan las leyes. Decía: ‘Yo quiero saber cómo se hacen, cómo se reforman’”.
Comenzó a realizar su servicio social en el Congreso del Estado, así como sus prácticas. Con esa experiencia, optó por el derecho penal y criminalística.
“Pero después empiezo a ver el trabajo en las mesas técnicas en el Congreso del Estado en apoyo con la diputada, las mesas de igualdad y mesas de derecho derechos humanos. Entonces, me empiezo a enamorar de esa otra área. Dije: ‘sí, penal está muy padre, pero derechos humanos también está muy padre’.Entonces, busco la manera de meter currículum en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta que logro quedar”.
En la CEDH inició como asistente en el área orientación y quejas, que es donde reciben todas las quejas.
“Es la primera cara de la comisión, es donde llega todo, donde te reciben para asesoría jurídica, gestiones, acompañamientos, todo ese tipo de cuestiones, incluso el recibimiento de quejas, es la del análisis para ver si hay una violación a derechos humanos y pasarla a los visitadores. Ahí me me trineo en toda esta cuestión de derechos humanos”.
Posteriormente buscó oportunidad en otra área y trabajó en la Procuraduría Agraria como abogada agrarista de oficio.
“Era lo que yo yo siempre quise, como esa materia de lo agrario, nada más que cuando yo estaba en la universidad se me hacía raro, que siendo que el tema es colindante a las zonas serranas, no llevaban la materia de agrario. Trabajando como abogado de oficio, la verdad sí es mucha carga laboral. En ese momento me acuerdo que nosotros cinco abogados nada más y era mucha la demanda. También en esta cuestión de ese sentido humanitario que se tiene que tener, porque son personas que obviamente carecen de recursos económicos para poder pagar un abogado”.
De manera paralela a sus trabajos, Mónica Espino cursó la maestría en Derechos Humanos, para fortalecer su formación
El año 2019 se graduó de la licenciatura en Derecho y en 2021 inició la maestría.
Después de un tiempo la invitan a trabajar en la CEDH pero en la oficina regional de Guachochi.
El presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, le propuso hacerse cargo de la oficina en Guachochi: “Me dijo: ‘quisiera ver estos derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, entonces dentro de mi propuesta está abrir abrir una oficina regional en Guachochi. Todavía era la propuesta, todavía no estaba aprobado, pero ya estaba sobre la mesa”.
En diciembre de 2024 la nombran encargada de la oficina y como compañera tuvo a la abogada Josefina Isabel Villalobos Vigil, también rarámuri de la comunidad de Arareco, municipio de Bocoyna.
“La licenciada Josefina y yo, fuimos las primeras mujeres rarámuri en estar en una oficina regional de la Comisión. Dentro de los retos, hablando en cuestión de ser mujer titular, sí me he enfrentado con desigualdad o que muchas veces otros servidores públicos te quieren ver como menos, por el hecho de ser mujer y mujer joven”.
El derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y la falta de intérpretes: principales quejas en CEDH Guachochi
Uno de los principales retos para la oficina de la CEDH, son las distancias geográficas y las condiciones de inseguridad actuales, al visitar las comunidades indígenas, dio a conocer Mónica Espino, quien destacó el apoyo del ayuntamiento de Guachochi por la disponibilidad para acompañarles en el trabajo del territorio.
De las 24 quejas que recibieron y de l88 gestiones que realizaron en poco más de un año, la mayoría de las violaciones denunciadas fueron por el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
“Se atendió desde algo bien simple (…) Si te están manifestando su sentir es porque es todo, estamos obligados. Tuvimos varias quejas por esa razón, que es una violación. Su derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el hecho de que no les estén levantando sus denuncias cuando acuden. Otra de las cuestiones también es que durante los procesos muchas veces no fueron atendidos desde el primer momento por personas intérpretes. Las fiscalías están obligadas a levantar la denuncia y después empezar las diligencias correspondientes para hacer la investigación, pero no les pueden negar la denuncia”,abundó Espino.
Respecto de las personas intérpretes, acotó que es no es lo mismo traducir que interpretar, aunque van ligados. “Un intérprete sí puede ser hablante, pero también debe estar inmerso en la cuestión jurídica o de otra área que va a interpretar. Es donde se distorsiona todo ese tipo de cuestiones. Tú como abogado le puedes decir: ‘di esto, di el otro, pero a lo mejor la persona se lo explica de otra manera completamente distinta a lo que ella nos está entendiendo”.
El año pasado emitieron tres recomendaciones. Una fue contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE); contra el ayuntamiento de Guachochi recibió otra recomendación que está relacionada con la cárcel municipal, y una más fue para el ayuntamiento de Bocoyna.
Mónica Espino dio a conocer que la recomendación contra la SSPE fue por el uso excesivo de la fuerza pública en contra de una persona con discapacidad.
Y justo la SSPE fue la que más quejas recibió, seguida de la Fiscalía General del Estado.
“En cuestión de salud hasta el momento no nos ha llegado alguna queja. Se han elaborado gestiones, pero sin que llegue a la queja todavía. En el área de orientación y quejas, cuando las personas vienen a plantear una problemática y sobre todo en cuestión de salud, sí hemos tenido gestiones para poder mediar y no poner en peligro la vida.
Mónica Espino se siente comprometida con su los pueblos indígenas de manera particular, y debido a que uno de los principales retos es la distancia entre comunidades y la falta de conocimiento de sus derechos. Ella trata de salir directamente a a notificarles o a resolverles las situaciones que plantean a la CEDH.
“Es andarlos moviendo, buscándoles donde canalizarlos, buscando dónde quedarse, qué van a comer, cuántos días van a estar aquí y acompañarlos a las distancias correspondientes para resolver un poco su problema”.
La oficina de Guachochi atiende ocho municipios: Nonoava, Urique, Morelos, Batopilas, Batopilas, Guazapares, Guachochi y Carichi.
Al principio atendía también Bocoyna, pero en noviembre del año pasado abrieron la oficina de la CEDH en Creel. Está pendiente dividir la zona de serrana entre ambas oficinas. Josefina Villalobos fue trasladada a la oficina de Creel.
La visitadora titular de la oficina de Creel es Yamille Vianey Durán Morán es la Visitadora titular y Josefina Villalobos Vigil, quien habla la lengua rarámuri y es intérprete y la responsable del área de Capacitación.
“Este año traemos planteado en Guachochi, a través de Asuntos Indígenas, todavía está en proyecto, poner una agenda para acudir de manera permanente una vez al mes, a una comunidad para llevar los servicios de la Comisión y de Asuntos Indígenas”, adelantó Espino.
“Me siento muy orgullosa de ser indígena y de estar al frente de esta oficina regional para apoyar a mi gente y a la comunidad en general, trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos”, expresó en entrevista con Raíchali
El texto se publicó originalmente en Raichalí, TatyiSavi lo retoma con la autorización de la autora. https://raichali.com/2026/03/18/guachochi-defensa-de-derechos-humanos/
