La muerte de Bonfilio Rubio constituye una ejecución extrajudicial y no una muerte culposa como lo estableció el Estado. La medida tomada por elementos castrenses fue ilegal y ambigua en un contexto de alta militarización en la Montaña de Guerrero
Escribe: Centre de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Tlapa, Guerrero, a 13 de marzo de 2026. En el marco del 195 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Guatemala, en esta mañana la maestra Verónica González González, familiar de Bonfilio Rubio Villegas, indígena que fue asesinado por elementos del ejército el 20 de junio de 2009, exigió ante las comisionadas y comisionados justicia y castigo ejemplar contra los militares por haber cometido un crimen artero contra un jóven indígena.
En la audiencia que inició a las 9 de la mañana la maestra Verónica González manifestó: “Yo quiero justicia para que no se repitan una y otra vez estos asesinatos. Si los dejamos impunes los militares van a seguir ejecutando a más indígenas, como sucedió con Bonfilio”. El jóven Bonfilio tenía 30 cuando fue ejecutado por los militares. Su mayor sueño era trabajar en Estados Unidos para asegurar el sostenimiento de su papá Secundino y su mamá Margarita. Desde que tenía 14 años tuvo que salir a trabajar a la Ciudad de México para atender las necesidades básicas de la casa paterna, por ser el menor de la familia.
Verónica narró en la audiencia de la CIDH que “el 20 de junio de 2009, por la mañana, Bonfilio estaba con su papá en la comunidad de Tlatzala revisando los detalles que le hacían falta a su casa, y al mismo tiempo aprovechó para despedirse de sus padres porque se iba a viajar a los Estados Unidos en busca de trabajo. Por la noche tomó el autobús de la línea Sur que iba para la Ciudad de México. Una hora después se toparon con un retén militar instalado en el crucero de Santa Cruz, antes de llegar a Huamuxtitlán. Los militares ordenaron que todos los pasajeros bajaran para hacer su revisión de rutina, sin embargo, uno de ellos que portaba botas tipo militar fue retenido”.
El chofer pidió que dejaran libre al pasajero para no tener problemas con la empresa y sus familiares, sin embargo, los militares determinaron que se quedara. Ante la negativa del ejército el chofer subió al autobús y de inmediato arrancó rumbo a Huamuxtitlán. En seguida los militares que se encontraban apostados sobre la carretera dispararon indiscriminadamente causando la muerte fulminante de Bonfilio.
Ni los militares y tampoco los agentes del ministerio público dieron aviso a la familia de Bonfilio Rubio sobre este hecho trágico. Fue hasta el 22 de junio que los familiares se enteraron a través de los periódicos locales. El hoy finado José Rubio, hermano de Bonfilio, fue quien reconoció el cuerpo de su “hermanito”. Se enteraron de que los militares lo habían matado cuando viajaba en el autobús. Los testimonios de algunos testigos aseguran que elementos del ejército balacearon al autobús sin motivo alguno. Cuando acudieron al ministerio público de Huamuxtitlán los agentes del ministerio público les negaron la información con el fin de que se retiraran del lugar.
El maltrato a la familia causó más daño y afectaciones por no tener una información clara y veraz sobre los acontecimientos ocurridos en el retén militar. Con este dolor y esta angustia la familia de Bonfilio no pudo darle una cristiana sepultura como es la costumbre en su comunidad.
Lo peor es que los militares vestidos de civil fueron a la casa de los padres de Bonfilio a ofrecerles 160 mil pesos para que ya no continuaran con la investigación. Con ese mismo recurso trataron de corromper al comisario municipal. Sin embargo, don Secundino se negó porque dijo: “no me voy a comer a mi hijo, ni lo voy a vender por unos centavos. Lo que exigimos es justicia y que se castigue a esos soldados asesinos”.
Las comisionadas y comisionados se mostraron receptivos y respetuosos por el testimonio brindado por la maestra Verónica, ofreciendo condolencias por la muerte de José Rubio, así como la de sus padres Secundino y Margarita que murieron sin alcanzar la justicia para su hijo Bonfilio. Con el fin de ampliar la información preguntaron sobre la entrega del cuerpo, la investigación y los sobornos que ofrecieron por parte del ejército.
El 7 de julio de 2009 el ministerio público del fuero común declinó el caso a la jurisdicción militar. Lo más grave es que ninguna autoridad les comunicó a los familiares. Esta investigación inicial que se llevó a cabo en las instancias militares permitió que manipularan las pruebas y diligencias para evadir la responsabilidad de los autores materiales. Al contaminar las pruebas impidieron el esclarecimiento de la ejecución del indígena Bonfilio. En la audiencia el abogado Saulo, representante de la familia de Bonfilio, resaltó que en el caso se desencadenaron negligencias y omisiones graves. A pesar de que en las pruebas de rodisonato de sodio salieron positivos fueron absueltos. Dejaron líneas de investigación que eran fundamentales para acreditar la responsabilidad a los militares.
Los familiares tuvieron que luchar para que el expediente se remitiera al fuero civil en el 2012 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determinó, pero cuando lo hicieron ya había sendas indagatorias de manera irregular. Después procesaron a un militar, pero nunca aceptó como varios de los que participaron que habían asesinado a Bonfilio. “El gobierno los cubre, está de su lado y nunca van a dar al lado de las víctimas”, aseveró Verónica.
El uso de la fuerza letal de los militares no supera los estándares de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, porque dispararon contra un autobús lleno de gente y ya sabían que no estaban armados. El autobús no constituía una amenaza para los militares. En su intervención la abogada Angelita, representante de la familia de Bonfilio, dijo que “los elementos militares reconocieron haber disparado y se justificaron señalando que sus disparos tenían la intención de detener el autobús y que lo hacían por la seguridad de sus compañeros. Según ellos, comenzaron a disparar como reacción a gritos de tírenle o párenlo. Uno de ellos dice haber efectuado 10 disparos, 8 al aire y 2 hacia las llantas traseras del autobús”.
“La Corte Interamericana ha señalado que no puede considerarse acreditado este requisito cuando las personas contra las que se emplea el uso de la fuerza no representan un peligro directo, incluso si la abstención de usar la fuerza implica perder la oportunidad de capturarla. Asimismo, ha establecido que el uso de la fuerza para impedir una fuga o repeler una agresión debe ser siempre una medida de último recurso. En el presente caso, disparar contra el autobús no era absolutamente necesario, ni siquiera bajo el argumento de proteger a los demás militares”, señaló Angelita.
Por lo tanto, la muerte de Bonfilio Rubio constituye una ejecución extrajudicial y no una muerte culposa como lo estableció el Estado. La medida tomada por elementos castrenses fue ilegal y ambigua en un contexto de alta militarización en la Montaña de Guerrero. El hecho en el que perdió la vida violó el derecho a la libre circulación por los retenes impuestos por el ejército y no era necesario para preservar el orden público.
El Estado, en representación de Alejandro Encinas, reconoció la violación al derecho a la vida, a una investigación pronta e imparcial. En su escueta intervención reiteraron un acuerdo de solución amistosa con las víctimas que desde el 16 de febrero habían propuesto. Las comisionadas y comisionados, particularmente Andrea Pochak, fueron contundentes con el Estado mexicano en sus cuestionamientos sobre el acuerdo de solución amistosa, que incluya nuevas investigaciones para llegar a la justicia, revisar los límites de la jurisdicción militar y los retenes.
La comisionada Andrea Pochak cuestionó al Estado mexicano si en la solución amistosa están contempladas medidas de justicia que aseguren el avance de la investigación y de la sanción de los responsables que permitieron la impunidad y quienes intentaron sobornar al comisario para que la familia de Bonfilio aceptara los 160 mil pesos; el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías de no repetición, así como discutir medidas sobre el alcance de las Fuerzas Armadas en determinadas medidas de seguridad y particularmente los retenes militares.
La experiencia en México muestra que los retenes militares han estado asociados con graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Bonfilio a quien le arrancaron la vida. La impunidad castrense prevalece incólume desde hace décadas, y las familias han tenido que luchar contra los muros impuestos por el ejército.
Foto: tomada de la CIDH
