Más de 60 pruebas acreditaron la responsabilidad del ahora sentenciado, identificado por varios testigos como jefe de un grupo delincuencial y principal generador de la violencia en Tlapa.
Texto: Kau Sirenio
Fotografía: Tlachinollan
A 25 años de cárcel fue sentenciado el autor de la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, en la colonia Buenavista, Tlapa, Guerrero, el 11 de octubre de 2019.
La jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, Mariela Soraya Alfaro Zapata emitió el fallo condenatorio en contra Jorge Rodríguez Gómez, alias la Chiva, en la audiencia de este miércoles 14 de enero, sentencia que incluye el pago de reparación de daños, informan el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En un comunicado emitido de manera conjunta, ambas organizaciones señalan que la desaparición del indígena Arnulfo Cerón se dio en un contexto de violencia que se arraigó en la Montaña con la complicidad de los funcionario del Estado mexicano. En Tlapa de Comonfort, Guerrero la violencia creció en espiral inalcanzable dejando una estela de muerte.
En la última década, decenas de personas fueron víctimas de desaparición. Sus familiares continúan exigiendo a las autoridades la presentación con vida de más de 40 personas, en su mayoría jóvenes, debido a que la fiscalía de Guerrero no da con su paradero, menciona el comunicado.
Especifica que la defensa legal ofreció más de 60 pruebas que acreditaron la responsabilidad del ahora sentenciado, quien fue identificado por varios testigos como el jefe de un grupo delincuencial y principal generador de la violencia en Tlapa.
Agrega qué en el desahogo de pruebas, la fiscalía presentó 34 testigos, entre ellos, 14 peritos especializados en informática, antropología forense y medicina, documentos y la evidencia material, para demostrar que Arnulfo Cerón fue desaparecido por Jorge, Isaúl, Adán, Andrés y otros más.
La declaración de una testigo fue clave por el señalamiento y el contacto que tuvo con el jefe del grupo delincuencial para desaparecer y asesinar al defensor indígena. Con su detención se tuvo conocimiento de los sicarios que operaron la desaparición de Arnulfo y el jefe que los comandaba, señala el documento.
Añade que la desaparición del defensor se planeó el 10 de octubre de 2019, cuando Jorge ordenó a siete personas armadas que ingresaran al domicilio de la testigo para privarla de su libertad y bajo amenazas la obligaron que entregara a Arnulfo. Ante el riesgo de perder la vida, ella accedió a las exigencias del jefe del grupo.
También resalta que de acuerdo con la testigo, se citaron en un lugar y envió un mensaje de WhatsApp a Jorge indicándole la ubicación de Arnulfo. Nunca imaginó que fraguaban su asesinato. Minutos después Isaúl, Adán, Andrés y otros más con armas irrumpieron en la habitación donde se encontraba Arnulfo. Se lo llevaron a una casa de seguridad de la colonia Buena Vista de Tlapa, donde fue asesinado.
“Cuando el Frente Popular de la Montaña tuvo conocimiento de la desaparición de Arnulfo se movilizó para bloquear la carretera que va a Chilpancingo; luego formaron brigadas de búsqueda. Así dieron con la camioneta con las llaves puestas; sin embargo, nada se supo del paradero de Cerón Soriano”, cita el comunicado.
Describe en la sábana de telefonía, los peritos encontraron conversaciones de Jorge con otras personas en el que escribió aunque «voltearan» a Tlapa no iban a encontrar al activista indígena. Hubo testigos que vieron cuando hombres armados se llevaban al defensor; ahí se fortaleció la línea de investigación; y con las imágenes de un video que una cámara grabó cerca al lugar en que lo desaparecieron.
«El 20 de noviembre de 2019, Arnulfo fue encontrado a 3.4 metros bajo tierra, con huellas de tortura. Tuvieron que usar una retroexcavadora para que sus familiares nunca pudieran encontrarlo. El plan perverso era borrarlo del mapa y causar terror entre la población», se lee en el escrito.
Narra: «En lugar de silenciar al Frente Popular de la Montaña, que dirigía Arnulfo Cerón, arreciaron las protestas y emplazaron a las autoridades para que se abocaran a la búsqueda del defensor comunitario».
Agrega: en ese entonces, la oficina de la ONU en México visitó al gobernador Héctor Astudillo para expresarle su preocupación por la desaparición del defensor, y le dio seguimiento al proceso de búsqueda e investigación realizado por la fiscalía del estado y la Comisión Nacional de Búsqueda, pero la petición no tuvo éxito.
«A seis años y dos meses llega esta sentencia, que es relevante aunque insuficiente, por la gravedad de este crimen artero y los delitos de alto impacto que se cometieron en el municipio de Tlapa, sin que las autoridades intervinieran para contener la ola delincuencial. El reto de las autoridades es continuar con las investigaciones de las personas que siguen desaparecidas y desarticular la red delincuencial que sigue siendo la principal generadora de la violencia en la región. Esta sentencia es un paso firme contra la impunidad y el resultado de una lucha de organizaciones sociales», concluye el comunicado del Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
