En el centro de esta polémica, que ha manchado más de lo que ya estaba la imagen del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, se encuentra la secretaria de cultura del estado, Aída Melina Martínez Rebolledo.
Escribe: Guillermo Álvarez Nicanor
Ilustración y Fotografía: Luis Vargas Santa Cruz y Cuauhtémoc Contreras Javier
En Guerrero se reavivó, el pasado mes de noviembre, una herida que la llamada guerra sucia dejó sangrando. El homenaje al nefasto exgobernador ya fallecido Rubén Figueroa Figueroa, no es solo un acto de una insensibilidad histórica imperdonable, sino una burla descarada a la memoria de las víctimas y un incumplimiento flagrante de los compromisos de un gobierno que se dice abanderado de la Cuarta Transformación (4T).
La figura de Figueroa está intrínsecamente ligada a la represión brutal y a la desaparición forzada en Guerrero. En su mal gobierno, Figueroa fue autor material e intelectual de la violencia estatal. El suyo fue un período oscuro donde la lucha de Lucio Cabañas Barrientos, y de tantos otros estudiantes, campesinos y maestros, fue acallada con saña a punta de balazos.
Es decir, Figueroa no es un prócer al que se recuerde por algún aporte social y, por ello, se le rindan honores. Por el contrario, es un símbolo del poder desalmado que desapareció hombres y mujeres que luchaban contra la injusticia y los abusos del poder. Recordarle con honores es validar la barbarie.
En el centro de esta polémica, que ha manchado más de lo que ya estaba la imagen del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, se encuentra la secretaria de cultura del estado, Aída Melina Martínez Rebolledo.
Los secretarios del Ejecutivo son, por definición, los superasesores de la gobernadora. En teoría, se eligen por su conocimiento profundo de las tareas de su encargo y su capacidad para cumplirlas cabalmente. Su ignorancia no los exime, sino que agrava la responsabilidad asumida al aceptar el cargo.
Aída Melina Martínez tenía la obligación de conocer el calendario oficial de celebraciones. Desde el momento en que asumió, debió contar con un conocimiento pleno de sus funciones y la normativa con que deben de aplicarse, incluyendo la existencia de ese vergonzoso homenaje a Figueroa. Estaba obligada a advertir de inmediato a la gobernadora; y promover la cancelación de todo homenaje a personas non gratas, en especial a quienes tienen las manos manchadas de sangre, tal como lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La recomendación de la CNDH es clara y vinculante: debe borrarse el nombre del nefasto Figueroa de escuelas, parques, calles y todo espacio público. Un gobierno que aspira a la justicia social y la reparación histórica no puede permitirse honrar a un perpetrador de crímenes de lesa humanidad.
La exigencia popular, surgida de la indignación, se centró en la destitución inmediata de la funcionaria, por su imperdonable negligencia e indolencia. En respuesta, se hizo un compromiso público que, hasta la fecha, se ha negado el compromiso del gobierno de Evelyn Salgado.
El subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, se desdice ahora de la promesa de relevo, lo que constituye una insultante falta de palabra y de compromiso con la verdad. ¿Por qué el subsecretario de Gobierno no salió a desmentir cuando, después de la reunión con las organizaciones, éstas anunciaron el compromiso de la destitución de la secretaria de cultura? ¿Por qué esperar a que el cumplimiento de la palabra se convierta en una promesa rota, en un engaño más al pueblo?
Esta demora y el subsiguiente incumplimiento no solo demuestran una inaceptable incapacidad de la administración para honrar sus compromisos, sino que también ensucian la imagen del gobierno de la 4T. La credibilidad es el activo más importante de un proyecto que se ha erigido sobre la bandera de la honestidad y el fin de la corrupción del viejo régimen.
Cuando los funcionarios mienten, cuando no cumplen su palabra y cuando protegen la incompetencia o la complicidad histórica, están actuando como «otro más», y traicionan los ideales que dicen enarbolar. El pueblo de Guerrero y de México necesitan un gobierno que tenga palabra, que ejecute la justicia sin titubeos y que no proteja la ignorancia y la negligencia de sus colaboradores.
La verdadera reparación histórica en Guerrero pasa por un cambio de símbolos y narrativas. Es inadmisible que el nombre de un represor como Rubén Figueroa Figueroa siga ocupando espacios de honor.
El lugar que ocupa el nombre del victimario debe ser ocupado por el de las víctimas y los luchadores sociales que soñaron con un Guerrero más justo. El nombre de Lucio Cabañas Barrientos, maestro, líder social y guerrillero, debe aparecer en los lugares donde estaba el de Figueroa, así como en muchos otros espacios que hoy son dignos.
Lucio Cabañas no fue un criminal del estado; fue un hombre que, ante la opresión sistemática y la falta de canales democráticos, se levantó en armas por una causa justa: la dignidad de los desposeídos. Su legado es el de la lucha inquebrantable por la justicia social, un legado que merece ser recordado y honrado por las futuras generaciones. Honrar a Lucio y borrar a Figueroa es un acto de justicia, memoria y un compromiso fundamental con la verdad histórica.
El gobierno de Evelyn Salgado tiene la obligación moral y política de cumplir su palabra: destituir a la secretaria de cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, y, en un acto de justicia plena, borrar el oprobioso nombre de Rubén Figueroa Figueroa de toda nomenclatura oficial. Y lo mismo en el caso del hijo de éste, Rubén Figueroa Alcocer, ya que también fue gobernador y siguió el patrón represor de su progenitor. Incluso, esto también debe de aplicarse en el caso de Ángel Aguirre Rivero, porque al igual que los Figueroa, durante sus dos gobiernos reprimió y asesinó a luchadores sociales.
Solo así se podrá empezar a saldar la deuda histórica con Guerrero y demostrar que la 4T no es simple retórica, sino un compromiso real con la dignidad del pueblo.
La historia no perdona la indolencia ni la traición a la memoria.
