Inconformidad en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña.
El Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña atiende a 21 municipios y brindan servicios esenciales para mujeres víctimas de violencia familiar: servicios de trabajo social, psicología y asesoría jurídica, y son las únicas que da seguimiento a procesos familiares iniciados por víctimas.
Texto y fotografías: Adonías Sierra Rosales
Trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña, del Centro Comunitario Gúwa Kúma (Casa de los Saberes) de Ayutla de los Libres, y de la Estrategia Integral para la Justicia y Bienestar de Mujeres y Niñas iniciaron el lunes un paro laboral indefinido ante lo que califican como “crisis laboral y humana” por el incumplimiento del pago de sus honorarios.
De acuerdo con la información proporcionadas por los trabajadores, desde mayo no se les cubren sus salarios completos, mientras que el gobierno del estado asegura que son tres meses de adeudos.
Una de las inconformes señaló, en entrevista con TatyiSavi, que esta situación deteriora su estabilidad económica y familiar. “No hicimos esto a la ligera; agotamos todos los canales institucionales y no hubo respuesta”, aclaró.
El Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña atiende a 21 municipios y brindan servicios esenciales para mujeres víctimas de violencia familiar: servicios de trabajo social, psicología y asesoría jurídica, y son las únicas que da seguimiento a procesos familiares iniciados por víctimas.
Además se le suma trabajo del Componente Estrategia Integral, que tienen cobertura en nueve municipios: Tlapa, Alcozauca, Xalpatlahuac, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Igualapa, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán y Atlamajalcingo del Monte.
“La carga de trabajo es alta. De enero a la octubre, 216 mujeres solicitaron acompañamiento institucional por la violencia familiar, sin contar los múltiples servicios de seguimiento. Así como, canalizaciones de asociaciones civiles, instituciones estatales y directoras de la mujer de distintos municipios de la región”.
En Ayutla, el Centro Comunitario Gúwa Kúma atiende problemáticas que enfrentan las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Los inconformes precisaron que trabajan por contrato y no tienen base.
A pesar de esta carga de trabajo, el personal señala que han sido sometidos a una forma de violencia económica e institucional, al negarles su derecho fundamental a recibir sus honorarios en tiempo y forma.
La entrevistada dijo que no hay seguimiento a Alerta de Violencia de Género: “Es inadmisible que en municipios alertados no se priorice el presupuesto; Guerrero mantiene dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género en nueve municipios: Tlapa y Ayutla destacan por ser de la más pobladas”.
Agregó: “Para los trabajadores, resulta inadmisible que en ese contexto no se destinen recursos suficientes para sostener los programas que atienden emergencias, acompañamientos, contenciones psicológicas, traducciones, articulaciones institucionales y trabajo comunitario. El servicio que brindamos sostiene la vida de muchas mujeres y niñas en riesgo. Sin presupuesto para recursos humanos y materiales, simplemente no podemos funcionar”.
Los trabajadores inconformes, que previo a la protesta buscaron diálogo con la Secretaría de Desarrollo Político y Social, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y Administración, la Oficina de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda; con la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, pero no tuvieron resultado.
Sostienen que gracias a las gestiones se liberaron algunas ministraciones, pero a cuentagotas
Sin embargo, eso no les garantiza los pagos, ya que se acerca el cierre del año fiscal y el periodo vacacional decembrino, por lo que piden le sean cubiertos los salarios en su totalidad.
